CDMX plantea resolver robos y daños menores por vía cívica: reparación, trabajo comunitario o arresto

El gobierno de Clara Brugada buscará plantear que determinados robos y daños de bajo valor se resuelvan por una vía cívica con reparación del daño, trabajo comunitario o arresto, antes de que el caso llegue al Ministerio Público. La propuesta mantiene la opción de presentar una denuncia penal para las personas afectadas.

La iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica en la CDMX busca que daños a bienes muebles e inmuebles con un valor máximo de 50 UMA, equivalentes a alrededor de 5 mil 800 pesos, puedan resolverse ante los juzgados cívicos. La medida también contempla determinados casos de robo sin violencia ni reincidencia.

La propuesta fue presentada este 19 de octubre por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. La administración capitalina plantea una ruta para que las víctimas obtengan la devolución de sus bienes o la reparación del daño sin que todos los casos de menor gravedad tengan que avanzar de inicio a una carpeta de investigación ante la Fiscalía capitalina.

La vía cívica aplicaría en casos sin violencia ni agravantes

Brugada sostiene que el proyecto no modifica el Código Penal ni elimina las facultades del Ministerio Público. Las personas agraviadas podrían optar por la vía penal o por un procedimiento cívico, según las características del caso.

La iniciativa establece que esta vía aplicaría bajo condiciones específicas. El caso no deberá involucrar violencia física, agravantes ni circunstancias que lo coloquen dentro de una conducta de mayor gravedad.

El planteamiento incluye determinados supuestos de violencia verbal en el ámbito familiar. La propuesta descarta que estos procedimientos sustituyan la atención penal cuando existan agresiones físicas u otros elementos que obliguen a investigar un delito.

La definición final de las conductas que podrán atenderse por esta ruta dependerá de la discusión legislativa en el Congreso de la Ciudad de México. El anuncio del Gobierno capitalino refiere que el objetivo es resolver conflictos cotidianos antes de que escalen.

La fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, informa que los acuerdos reparatorios registran un aumento de 120%. La iniciativa busca extender esa lógica a determinados daños materiales y robos de bajo monto, mediante mecanismos cívicos.

Reparación del daño, arresto y trabajo comunitario serán las sanciones previstas

El esquema contempla que quien cometa una infracción asuma la reparación del daño causado. Las sanciones disponibles incluirían el arresto o el trabajo en favor de la comunidad, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno de la Ciudad de México.

Los juzgados cívicos celebrarían juicios orales con audiencias públicas. Las partes podrían exponer sus argumentos ante un juez cívico, quien definiría las medidas correspondientes para resolver el conflicto.

El Gobierno capitalino plantea que estas audiencias permitan acelerar las resoluciones y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados. La propuesta busca que la respuesta institucional no se limite a una sanción, sino que atienda las causas de conductas repetidas.

Para ello, se incorporaría la figura de agentes psicosociales restaurativos. Este personal realizaría evaluaciones sobre factores emocionales y sociales relacionados con las infracciones.

A partir de esas evaluaciones, las personas podrían ser canalizadas a atención psicológica, tratamientos por consumo de sustancias, programas educativos, capacitación o alternativas de empleo. El modelo prevé que estas medidas se definan de acuerdo con las necesidades de cada caso.

¿En qué consiste la iniciativa a la ley de cultura cívica en CDMX?

La reforma propuesta transforma la justicia cívica restaurativa en un modelo preventivo, territorial y centrado en la solución pacífica de conflictos, la atención psicosocial y la reparación del daño. Mantiene la facultad sancionadora, pero busca reducir la reincidencia, evitar la escalada de conflictos cotidianos y fortalecer la convivencia comunitaria mediante intervenciones proporcionales y accesibles.

Incorpora los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) —mediación, conciliación, juntas restaurativas, círculos de paz y diálogos restaurativos— en juzgados, centros comunitarios y territorio; excluye casos reincidentes o con incumplimientos previos del mismo convenio.

Crea las Jornadas de Justicia Cívica Itinerante y los Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios para acercar servicios a colonias, barrios y comunidades, con modalidades presenciales y virtuales.

Establece la reparación del daño como obligación prioritaria, con modalidades material, económica y simbólica, además de medidas comunitarias, terapéuticas, educativas o de atención a adicciones según el tamizaje psicosocial.

Regula infracciones contra salud pública, medio ambiente, protección animal y propiedad; permite atender daños o apoderamientos de bienes de hasta 50 veces la Unidad de Medida y Actualización por vía cívica sólo sin violencia, con restitución inmediata, primera conducta, consentimiento expreso de la persona afectada y sin conocimiento previo del Ministerio Público.

Refuerza la profesionalización y supervisión del personal mediante certificación de facilitadores y agentes psicosociales, expedientes digitales, registros de audio y video, un Registro Único con datos de sanciones y convenios, y un plazo de 30 días para presentar quejas por vulneraciones durante el procedimiento.

CDMX propone la creación de centros de paz

La reforma también propone crear Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios llamados Calpullis de Paz. Estos espacios podrían instalarse en Utopías, PILARES y otros sitios públicos de la capital.

Los centros ofrecerían mediación, conciliación y mecanismos de justicia restaurativa para atender diferencias entre vecinos. La intención es que disputas por convivencia, intimidaciones, riñas o daños menores encuentren una salida antes de llegar a un proceso judicial.

La detección de los casos tendría tres rutas. La primera sería la identificación anticipada de riesgos en las comunidades. La segunda incluiría reportes al 911, al Sistema Unificado de Atención Ciudadana, asambleas vecinales y otros canales de proximidad.

La tercera ruta sería la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante posibles infracciones cívicas. El secretario Pablo Vázquez Camacho señala que las estrategias La Policía Cerca de Ti y Código 1: Policía en tu Calle permitirían detectar conductas que afecten la convivencia.

Entre los casos mencionados por la autoridad están riñas, provocaciones, intimidación, maltrato, coacción, consumo de alcohol en espacios públicos, maltrato animal, daños, pintas, uso imprudente de objetos peligrosos y disposición indebida de basura.