Una operación conjunta de la Bases de Operación Interinstitucional (BOI) permitió el rescate de dos empleados privados de la libertad y la detención de sus captores en el municipio de Guachochi, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.
El dispositivo involucró a elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), quienes aseguraron armamento y equipo táctico durante la intervención.
La tarde del 14 de agosto, los agentes recibieron un reporte sobre la desaparición de dos trabajadores de una estación de servicio ubicada en la calle 20 de noviembre.
Detalles del caso y cifras de delitos
De acuerdo con la información publicada por las autoridades, testigos indicaron que Socorro Alfonso V. A. y Fredy Ramón P. A. se encontraban laborando en la gasolinería cuando dos individuos, a bordo de una camioneta Ford Expedition azul modelo 2000, solicitaron una carga de combustible por mil pesos.
De acuerdo con datos oficiales, los sospechosos se negaron a pagar el importe y sometieron a los empleados, a quienes despojaron de sus pertenencias y del dinero de la venta. Los trabajadores fueron privados de la libertad y trasladados en el mismo vehículo, lo que originó una pronta reacción por parte de las corporaciones de seguridad.
Los elementos de la AEI, en coordinación con las fuerzas federales y estatales, desplegaron un operativo de búsqueda que culminó con la localización de las víctimas.
Tras la intervención, los agentes lograron liberar a los trabajadores y aprehender a los presuntos responsables, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. En el lugar también se aseguraron armas de fuego y equipo táctico, propiedad de los detenidos.
La región de Guachochi, en la zona serrana de Chihuahua, ha registrado diversas incidencias relacionadas con delitos de alto impacto en 2025. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros siete meses del año, el estado ha documentado más de 3 mil 600 víctimas de delitos contra la libertad personal y la seguridad, incluidos casos de secuestro, extorsión y desapariciones vinculadas al crimen organizado.
El Gobierno de México ha mantenido esfuerzos coordinados entre los tres niveles de gobierno e instituciones militares para atender la problemática. “La presencia de fuerzas federales y estatales continúa como estrategia prioritaria en regiones consideradas de alta incidencia”, reportó el Informe de Seguridad entregado en julio por la autoridad federal.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los dos trabajadores liberados recibieron atención médica y psicológica, y se encuentran fuera de peligro. La investigación se mantiene abierta para deslindar responsabilidades y esclarecer si existe relación con otros hechos ocurridos en la región.
El aseguramiento de armas y equipo táctico por parte de las autoridades refuerza, según el reporte de las corporaciones, la hipótesis de que los captores forman parte de una estructura criminal activa en el sector sur de Chihuahua. La vigilancia permanece activa, con el propósito de prevenir nuevas agresiones contra el sector comercial local y la ciudadanía.
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