De acuerdo con la información proporcionada por el Gabinete de Seguridad durante la conferencia de prensa del día de hoy, los 26 detenidos son delincuentes de alto perfil y fueron trasladados a diferentes ciudades de Estados Unidos.
Según el reporte emitido por las autoridades, también existe un acuerdo con el país vecino en el que establecieron no buscar la pena de muerte “como parte de las acciones para garantizar la seguridad pública, disminuir la violencia en nuestro país y proteger a la ciudadanía", comentó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.
Agregó que “el día de ayer en cooperación, coordinación y con pleno respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el gobierno de Estados Unidos se concretó el traslado de 26 generadores de violencia”.
Detalles del reporte de seguridad
Según el secretario de seguridad, la decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para el país, ya que es en atención a la ley de seguridad nacional y por una determinación del consejo de seguridad nacional en una acción alineada con la estrategia nacional contra la extorsión, la cual está orientada a la protección de la población.
“Estos delincuentes de alto perfil, aún estando en prisión, continuaban controlando actividades ilícitas mediante visitas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos“, explicó Harfuch.
“Estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representa un riesgo inaceptable para la seguridad", sentenció el secretario de seguridad.
Además, compartió que muchos de los trasladados habían conseguido amparos que les permitían estar en cárceles menos vigiladas, lo que influía en que pudieran regresar a actividades ilícitas.
“Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad e incluso se preveería que otros actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas e incluso de fuga", explicó García Harfuch.
También compartió que existían litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas si se hubiera concretado, por lo que fueron trasladados como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, homicidios y extorsiones.
Los enviados llegaron a cinco entidades distintas. Nueve de ellos se encuentran en Nueva York: ocho están en White Plains y uno en John F. Kennedy. Por otro lado, cinco fueron ubicados en San Diego, California; seis en Phoenix, Arizona y seis en Dulles, Virginia.
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