Padres de familia que sufrieron la pérdida de sus hijos durante el incendio de 2009 en la Guardería ABC solicitaron que el fiscal Gertz Manero y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo intervinieran para extraditar a Ana Lucía Téllez para que enfrentara la justicia mexicana.
Luego de que se anunciara la detención en Estados Unidos de la copropietaria de la estancia infantil, un reportero pidió a la mandataria que comentara si desde su administración se analizaba esta solicitud, a lo que respondió que si.
“Si, si gustan, que pueda informar Relaciones Exteriores en un momento pero sí, hay que solicitar la extradición evidentemente”, expresó la presidenta.
A pesar de no estar del todo segura, la mandataria comentó que se está viendo y que siempre se está del lado de las víctimas.
“Lo que no tengo claro es si ya se solicitó o si está por solicitarse pero siempre estamos con las víctimas, siempre”, sentenció Sheinbaum, agregando que anteriormente se reunió con algunos de los familiares en Sonora, señalando que la secretaria de gobernación también ha estado con ellos.
“Cuando estuve (en sonora) quedamos de poderlos atender, también Rosa Icela y Zoé Robledo igual se han reunido con ellos muchísimas veces, con padres y madres de la guardería ABC y haremos lo que haga falta para reunirnos con ellos”, concluyó la presidenta.
Qué sucedió en la guardería ABC
El 5 de junio de 2009, un incendio en la Guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, provocó la muerte de 49 menores y lesiones a 104 personas. El siniestro se inició en una bodega contigua a la estancia infantil y el humo se propagó rápidamente al interior de la guardería, afectando a los niños y al personal que se encontraba en el lugar.
En la guardería se atendían a 142 niños y niñas en el momento del incendio. Los primeros reportes indicaron que el fuego comenzó poco antes de las 15:00 horas.
Una vez detectadas las llamas, varios adultos iniciaron labores de rescate y evacuación. Elementos de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y otras corporaciones acudieron para atender la emergencia.
Las investigaciones posteriores señalaron deficiencias estructurales y faltas en los protocolos de seguridad, factores que contribuyeron a la magnitud de la tragedia. Las condiciones inadecuadas de salidas de emergencia, así como la falta de detectores de humo y extintores funcionales en la guardería, dificultaron las labores de rescate y evacuación.
A raíz del incendio, se inició un proceso judicial para determinar las responsabilidades de funcionarios públicos y particulares encargados de la operación y supervisión de la estancia infantil. Además, el caso motivó la revisión de normas y procedimientos de protección civil en guarderías en todo el país.
Cada aniversario, familiares de víctimas y organizaciones civiles continúan exigiendo justicia y la reparación integral para los afectados, así como garantías de que hechos similares no se repitan en otras instalaciones de cuidado infantil.
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