
La reciente liberación de Israel Vallarta Cisneros ha vuelto a traer a la mesa un tema de análisis respecto a la operación de la procuración de justicia en México: ¿es o no es efectiva la aplicación de la prisión preventiva oficiosa (PPO) al momento de detener a una persona? Esto después de la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ajustar o, en todo caso, eliminar la medida.
En medio de todo el debate, Mary Sainz, esposa de Vallarta Cisneros y activista en favor de su absolución desde hace años, explicó a Infobae México que tanto Israel como ella han decidido darle el “visto bueno” a que este tópico se revise a profundidad:
“Sí, claro que sí. Lo que pasa es de que no se ha informado como debe de ser el porqué se pide que se elimine la prisión preventiva oficiosa”, resaltó.
Así mismo, Sainz detalla que esto no quiere decir que “miles de criminales van a ser liberados”, sino que es solo uno parte para que las fiscalías de todos los niveles ―federal, estatal y local― “tengan las pruebas y hagan bien su trabajo” al momento de acusar y, evidentemente, detener a una persona.

Por otro lado, también comenta lo siguiente:
“(...) Ni quiere decir que ya no se va a hacer justicia. Simplemente, ¿qué se va a hacer al momento que se elimine la prisión preventiva oficiosa? Se va a obligar a que las fiscalías hagan bien su trabajo y que mediante pruebas contundentes, no fabricadas, puedan aplicar una medida cautelar justificada. No una medida que priva de todo el derecho de la presunción de inocencia", puntualizó.
El debate en puerta: Sheinbaum rechaza y SCJN lo turna “a la siguiente ventanilla”
Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que “frente a la situación de inseguridad que vive el país, es importante, incluso para la protección de los jueces, que haya delitos donde no quede a criterio del juez la prisión preventiva, sino que haya una ”orientación legal previa”.
De igual forma, subrayó que “No es que siempre se va a detener… está siempre a criterio del juez de acuerdo a las pruebas que presente el Ministerio Público”
Estas declaraciones contrastan con el proyecto de resolución de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propuso eliminar el carácter automático de la PPO y sustituir su aplicación por una evaluación judicial “caso por caso”. Su tesis plantea que el artículo 19 constitucional se dedique a que el juez valore si la medida cautelar es necesaria, pero que se respeten los derechos humanos y procedimientos locales e internacionales.
No obstante, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ministro Javier Laynez Potisek explicó que, en las dos sesiones restantes del Pleno (6 y 12 de agosto), se discutirán 14 asuntos, pero no se abordarán tópicos y casos como Pegasus o la “convencionalidad de la Prisión Preventiva Oficiosa”
“No, no creo (que se discuta). Primero, tomó su lugar en la lista. (…) Dada la importancia del tema, ya pueda corresponder a la siguiente Suprema Corte”, afirmó.

Hasta ahora, hay casi 70 mil personas afectadas por PPO, muchas detenidas sin sentencia y sin revisión adecuada de sus casos
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