Sandra Mónica Decasper Chacón, originaria de Mérida, Yucatán, enfrenta una situación crítica en Argentina tras denunciar violencia vicaria ejercida por su exesposo, el diplomático argentino Norberto Ariel Martins Mogo.
Sandra viajó a ese país en 2024, bajo presión y en un entorno donde el diplomático aprovechó su posición para imponer restricciones. Desde su llegada, ha reportado violencia física, psicológica, económica y manipulación hacia sus hijos.
Las autoridades argentinas emitieron una orden de restricción que solo la protege a ella y no a los menores, quienes siguen sin autorizo legal para salir del país. Sandra permanece en un limbo legal; los niños continúan expuestos a riesgos y episodios documentados de acoso. Además, enfrenta un proceso judicial desgastante, marcado por renuncias constantes de abogados ante presiones del padre.
El Centro Integral de la Mujer en Argentina evaluó el caso y determinó un alto nivel de peligro, recomendando acciones urgentes que no se han concretado plenamente.
Sin embargo en otras versiones han señalado que el Consulado de México ha sido notificado, pero no ha conseguido respaldo legal ni protección efectiva para Sandra y los menores. Tampoco se han registrado avances en las denuncias presentadas en México.
Ante la falta de una estrategia diplomática, Sandra solicitó intervención de autoridades mexicanas de alto nivel. En julio de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso, sentando un precedente en materia de violencia vicaria internacional. Sin embargo, la ausencia de un protocolo consular sólido mantiene a Sandra y sus hijos atrapados en Argentina, sin soluciones claras ni apoyo institucional concreto.
La respuesta oficial
Ante la situación, la cancillería mexicana ofreció su postura. A través de un comunicado, la Embajada de México en Argentina dio a conocer detalles sobre el caso de la connacional, “desde el año pasado se ha brindado orientación y asistencia consular, incluso mediante la canalización de su caso a instituciones especializadas en asistencia psicológica y social para víctimas de violencia, y asesoría jurídica”.
De acuerdo al documento, las acciones de la Embajada de México en Argentina derivaron en una denuncia ante las autoridades competentes y la formalización de mecanismos de protección y restricción perimetral.
Las autoridades aseguran que “continuarán en comunicación con ella para determinar el estado que guardan los procesos legales en curso y brindar acompañamiento y asesoría jurídica ante las autoridades argentinas”.
El caso permanece abierto, sin embargo se espera que la atención adecuada permita el regreso a México de la implicada y de sus hijos.
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