
Pese a que el proyecto del Tren Maya se inauguró el 15 de diciembre de 2023 con bombos y platillos, la expectativa choca con la realidad, ya que no todos los tramos se han inaugurado y aún ahora hay un sinfín de obras incompletas.
Tan solo durante la segunda semana del mes de julio se realizaron una serie de decretos para la expropiación de terrenos en ejidos de los estados sureños de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con el fin de comenzar determinadas obras.
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Pese a que estos terrenos estuvieron en la mira del Gobierno Federal desde la planeación, muchas comunidades defendieron su territorio, tanto trabajadores como habitantes mantuvieron protestas en contra de la construcción, con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Aunado a ello se hizo un llamado a instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ante las cuales defendían que el tren era inviable y que tendría un impacto negativo mayor del que se promovía en este proyecto prioritario de la administración anterior. Organizaciones que respaldaron el ecocidio y el desplazamiento debido a la premura del proyecto.
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En 2025 el despojo finalmente se oficializó, esta semana entre el 7 y el 10 de julio se han publicado en el Diario Oficial de la Federación 11 decretos para la expropiación de tierras, que a continuación compartimos:
Decretos del 7 de julio de 2025 del DOF (Campeche)
El gobierno federal publicó tres decretos para expropiar terrenos ejidales en la Península de Yucatán con fines de utilidad pública a favor del Tren Maya. Las superficies, que suman 0.0594 hectáreas distribuidas en 5 áreas en los municipios campechanos de Champotón (ejidos Santa Cruz de Rovira y Pustunich) y Tenabo, se utilizarán para infraestructura ferroviaria y obras relacionadas.
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Decretos del 8 de julio de 2025 del DOF (Yucatán y Campeche)
Al día siguiente se publicaron otros tres decretos que igualmente expropian 19.0133 hectáreas de tierras ejidales en Yucatán y Campeche.
Los terrenos corresponden a los municipios yucatecos de Umán (ejidos San Antonio Poxilá), Mérida (Dzununcán) y Felipe Carrillo Puerto (Champotón) en Campeche.
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La indemnización total suma más de 16 millones 860 mil de pesos, con valores fijados entre 88.27 y 116.06 pesos por metro cuadrado, según el avalúo federal. Cabe mencionar que el ejido forma parte de la Reserva de Cuxtal.
Los decretos ordenan la expropiación a favor de Tren Maya S.A. de C.V., empresa sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional.
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Establecen que solo se podrá ocupar definitivamente la tierra una vez cubierto el pago a los ejidatarios o titulares de las parcelas. Además, si en cinco años las tierras no se destinan al uso de infraestructura ferroviaria, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal podrá solicitar su devolución.
Decretos del 9 de julio de 2025 del DOF (Yucatán y Campeche)
El pasado miércoles se expropiaron terrenos ejidales de Tixpéhual (Techoh) en Yucatán; Othón P. Blanco (Chetumal) en Quintana Roo y Escárcega (Haro) en Campeche, que en superficie corresponden a 2.9857 hectáreas.
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Decretos del 10 de julio de 2025 del DOF (Quintana Roo y Campeche)
El día de ayer se publicaron dos decretos presidenciales que expropian un total de 3.14 hectáreas con el mismo fin.
El primer decreto corresponde al ejido Bacalar, en Quintana Roo, donde se expropiaron 3.13 hectáreas de uso común con una indemnización de 8.28 millones de pesos.
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El segundo decreto afecta al ejido El Centenario, en Escárcega, Campeche, con la expropiación de 0.0085 hectáreas de uso parcelado, por las que se pagarán poco más de cinco mil pesos como indemnización.
En todos los casos, Tren Maya, S.A. de C.V. deberá pagar una indemnización a quienes acrediten derechos sobre los terrenos, con el monto definido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ejecutará las expropiaciones tras comprobarse el pago. Los decretos tendrán efecto inmediato con su publicación en el Diario Oficial de la Federación y deberán registrarse en los organismos correspondientes.
Así, el número de expropiaciones se incrementan a medida que avanza el Tren Maya, que pese a haber sido planteado como un beneficio para las comunidades que incrementaría la actividad económica y cuidaría el ambiente, parece que agrava las condiciones para los ejidatarios.
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