Este martes 1 de julio entra en vigor el programa piloto de incorporación al régimen de seguridad social para trabajadores de aplicaciones digitales. La medida contempla prestaciones laborales obligatorias y un periodo de transición de seis meses para las empresas.
El programa obliga a plataformas digitales como Uber, DiDi, Rappi y Cabify a registrar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las personas que prestan servicios como repartidores o conductores. Esta iniciativa busca garantizar acceso a seguridad social, vacaciones, aguinaldo y protección contra riesgos laborales.
La medida forma parte de un proceso de regulación iniciado por el Gobierno de México. Uno de los pasos previos fue la publicación de las reglas para calcular el ingreso neto de los trabajadores de plataformas, base para establecer el salario de cotización ante el IMSS.
Las empresas tienen un plazo de seis meses para ajustar sus sistemas a las nuevas disposiciones. Entre sus obligaciones, deberán proporcionar un contrato formal validado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, garantizar atención personalizada en caso de conflictos con algoritmos y asegurar el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo.
Clasificación y obligaciones patronales
De acuerdo con el IMSS, las personas que obtienen ingresos netos equivalentes o superiores a un salario mínimo mensual en la Ciudad de México —actualmente de aproximadamente 8 mil 400 pesos— serán consideradas trabajadoras subordinadas de plataformas digitales. Quienes perciban montos inferiores se clasificarán como trabajadores independientes.
Durante el primer mes del programa, las plataformas deberán realizar esta clasificación y notificarla al IMSS. A partir de entonces, estarán obligadas a reportar altas, bajas, modificaciones de salario y ocupación. También deberán cubrir las cuotas obrero-patronales antes del día 17 de cada mes.
Los ingresos netos se calcularán deduciendo un porcentaje del ingreso bruto mensual, según el tipo de vehículo utilizado para la prestación del servicio. En los primeros tres meses se aplicarán exclusiones del 60% para quienes usen automóviles, 50% para motocicletas y 15% para bicicletas o quienes no utilicen vehículos. A partir de octubre, los porcentajes se ajustarán a 36%, 30% y 12%, respectivamente.
Protección en caso de accidentes
Quienes trabajen de manera independiente podrán incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio del IMSS. Si sufren un accidente durante el trabajo, la plataforma será responsable de cubrir el aseguramiento y las cuotas correspondientes durante su incapacidad.
Si un trabajador independiente recibe atención médica sin estar registrado, deberá pagar las prestaciones como si no fuera derechohabiente, a menos que se inscriba retroactivamente en el régimen con aportaciones equivalentes al salario mínimo.
Las personas pensionadas que trabajen en plataformas seguirán recibiendo su pensión, aun cuando estén registradas ante el IMSS por parte de las empresas.
Aspectos fiscales y tecnológicos
En lo fiscal, se mantendrá el esquema de “Actividades empresariales con ingresos por plataformas tecnológicas”. La retención de impuestos se hará con base en el promedio de los ingresos de los últimos seis meses, para considerar la variabilidad del trabajo en plataformas.
Asimismo, el contrato laboral deberá explicar el uso de algoritmos en asignación de tareas, bonos o sanciones. Cualquier suspensión o afectación en la conexión deberá resolverse mediante atención humana, no automática.
Si un conductor o repartidor permanece inactivo durante 30 días, se considerará finalizada la relación laboral. Las plataformas que incumplan el registro, el contrato, la aportación de cuotas o las políticas de gestión algorítmica podrán recibir multas de entre 28 mil y 2.8 millones de pesos.
Postura y protestas de los trabajadores
La reforma afecta directamente a los trabajadores al modificar las condiciones bajo las cuales prestan sus servicios. Aunque el gobierno asegura que tendrán acceso a derechos como seguridad social, licencias y prestaciones laborales, los trabajadores temen perder la flexibilidad que hoy les permite organizar sus horarios y jornadas. También advierten que la falta de información clara sobre la implementación de la reforma genera incertidumbre sobre sus ingresos, ya que podrían verse forzados a ajustarse a esquemas tradicionales de empleo con jornadas fijas.
Además, existe preocupación por posibles afectaciones económicas. Algunos repartidores señalan que sus ingresos podrían reducirse significativamente si sus percepciones se clasifican como “nómina”, ya que esto implicaría un aumento en la carga tributaria. Aunque las autoridades niegan que la reforma altere el régimen fiscal actual, muchos trabajadores desconfían de esta garantía, pues no se les ha explicado con detalle cómo se aplicarán las nuevas reglas ni qué impacto tendrán en su situación financiera.
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