El Senado de la República aprobó en lo general un dictamen que busca reforzar el marco legal del combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, alineándose con los compromisos internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, las y los legisladores avanzaron en la deliberación de estas reformas, impulsadas por el senador Javier Corral Jurado.
El proyecto plantea modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. Entre las principales propuestas se encuentra mejorar la coordinación entre autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Guardia Nacional y diversas instituciones financieras nacionales e internacionales.
Esto incluye la participación activa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
La SHCP, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), será responsable de supervisar el cumplimiento de las nuevas obligaciones por parte de los sujetos obligados. Además, se fortalecerán las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con entidades federativas para consolidar Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, y se establecerá el uso obligatorio de sistemas automatizados para monitorear clientes de alto riesgo de forma más eficiente.
El dictamen también incluye programas de capacitación para instituciones como la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR). Asimismo, se prevé ampliar las actividades vulnerables bajo supervisión, como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales, y algunas operaciones fiduciarias, además de precisar las responsabilidades de notarios y corredores públicos.
Javier Corral subrayó que esta reforma no es de carácter punitivo sino preventivo y administrativo, con medidas como identificación de beneficiarios finales, supervisión sobre actividades no financieras y escrutinio sobre figuras políticamente expuestas. También se ajustará el régimen sancionador, eliminando el dolo específico en ciertos casos para evitar la impunidad sin castigar errores de buena fe.
Corral aseguró que el dictamen es producto de un largo proceso de discusión democrática que busca impedir que el sistema financiero sea utilizado con fines ilícitos. Sin embargo, senadores de la oposición advirtieron que algunos puntos podrían derivar en exceso de control e incluso militarización en la lucha contra el lavado de dinero. La reforma es clave frente a la próxima evaluación del GAFI, que revisará el cumplimiento de México en esta materia.
En el dictamen se detalla que dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local, municipal y demarcaciones de la Ciudad de México, entre otros organismos autónomos o empresas deberán compartir con la SHCP la información que requieran para el ejercicio de sus atribuciones.
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