El caso que enciende el debate sobre la libertad de expresión y la violencia de género en política

Karla Estrella, ama de casa, fue acusada de violencia política de género contra una candidatura de cara a las elecciones de 2025. El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso medidas cautelares tras la publicación de un mensaje en la red social X, argumentando que constituía un acto de violencia política por razón de género.

El polémico mensaje publicado por Karla hacía referencia a una supuesta candidatura impulsada por el esposo de la aspirante, un diputado.

La publicación decía: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.

Este comentario llevó a una denuncia en su contra, derivando en una resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Como parte de la sanción, Karla recibió una multa económica y fue obligada a realizar diversas acciones: emitir disculpas públicas durante 30 días consecutivos, consultar bibliografía sobre lenguaje no sexista y violencia contra las mujeres, tomar un curso de género, publicar un extracto de la sentencia en su perfil de X, y permanecer inscrita durante 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico manifestó su desacuerdo con el fallo, argumentando que el mensaje de Karla no contenía insultos, lenguaje sexista ni promovía la negación de derechos por razones de género. Según la organización, se trataba de una opinión política que no debería considerarse violencia de género. Resaltaron que la sanción fue basada en un supuesto “comentario implícito” por señalar el vínculo matrimonial de la candidata.

Asimismo, el consejo señaló que casos como los de los periodistas Denise Dresser, Raymundo Riva Palacio y Héctor de Mauleón evidencian cómo se está utilizando la figura de violencia política de género para limitar la crítica y restringir el debate público.

“Este modelo sancionador tiene profundas fallas: se aplica con criterios vagos, facilita la censura, protege a figuras públicas del escrutinio ciudadano e inhibe la libertad de expresión. Lo que está en juego no es solo el caso de Karla, sino el derecho de todas las personas a opinar sobre asuntos públicos sin temor a represalias”, afirmaron.

El caso reabre el debate sobre los límites entre la libertad de expresión, la crítica legítima y la violencia política de género en un contexto de creciente protagonismo de las redes sociales en los procesos electorales y en la vida pública del país.

La usuaria denunció la persecución y censura desde sus cuentas: