
La Alianza por los Derechos de las Mujeres y Niñas en Toda su Diversidad, compuesta por 21 colectivos en México, hizo un llamado a que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apoyar el combate a la violencia contra la mujer y la discriminación, así como para que se promueva la inclusión de la diversidad en el país.
En un comunicado, los colectivos expresaron su preocupación sobre la situación de los derechos de las mujeres y niñas en México, al acusar que persisten violaciones graves y retrocesos en diversas áreas, a pesar de los avances entorno a la igualdad de género.
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Destacaron que una de las principales preocupaciones es la "creciente militarización del país", con las fuerzas armadas asumiendo funciones civiles en seguridad, migración y megaproyectos como el Tren Maya, señalando que esto incrementa el riesgo de violencia contra mujeres indígenas y migrantes.

Cuestionaron la política del Instituto Nacional de Migración (INM) en la detención y traslado forzoso de mujeres y niñas migrantes, lo cual incumple disposiciones legales como los límites para detenciones migratorias.
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Denunciaron que existen trabas estructurales en el acceso a la justicia, particularmente para mujeres indígenas, con discapacidad, lesbianas, y trans, quienes enfrentan encarcelamientos desproporcionados y condiciones adversas debido a la ampliación abusiva de la prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, resaltarón que el derecho al aborto sigue siendo limitado, pues aunque despenalizado en algunos estados para el primer trimestre, aún hay criminalización posterior y sigue prohibido en nueve estados.
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A esto se suma, según las organizaciones, las deficiencias en combatir la violencia sexual, por lo que exigen la alineación con estándares internacionales que den prioridad al consentimiento libre sin exigir pruebas de resistencia física.

Comentaron que en materia de desapariciones, trata de personas y feminicidios, los casos se mantienen de forma generalizada, particularmente en regiones con alta actividad del crimen organizado como Guerrero y el Estado de México.
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Los datos oficiales registran más de 129 mil personas desaparecidas, de las que mayoritariamente son las propias mujeres quienes lideran las labores de búsqueda pese a enfrentarse a riesgos extremos.
Además, la violencia contra mujeres trans, lesbianas y trabajadoras sexuales se visibiliza de forma limitada, enfatizando que los casos de este delito no son reconocidos oficialmente como transfeminicidios, y la ausencia de bases de datos desglosadas obstaculiza esfuerzos de prevención y justicia.
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Por ello recalcó la necesidad de fortalecer mecanismos y presupuestos para la igualdad de género, exigiendo una reforma fiscal que garantice justicia tributaria, con mayor recaudación de los sectores con mayores ingresos y más recursos destinados a programas de igualdad sustantiva. Piden asegurar fondos sostenibles para combatir la violencia de género y promover acciones que enfrenten las desigualdades.
De igual forma, solicitaron al Comité que recomiende al gobierno de México una serie de acciones:
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- Garantizar la vida e integridad de todas las mujeres: reconociendo y protegiendo especialmente a las defensoras de derechos humanos" y a las madres buscadoras.
- Establecer controles civiles efectivos sobre las fuerzas armadas: a través de la implementación de protocolos con enfoque interseccional y de género en todas las instituciones castrenses para prevenir actos de violencia sexual, tortura, desaparición forzada y otras violaciones.
- Eliminar prácticas discriminatorias en la justicia: como la prisión preventiva oficiosa.
- Derogar de inmediato leyes que criminalizan el aborto.
- Eliminar el delito de estupro de los códigos penales y no exigir resistencia física en casos de violencia sexual.
- Promulgar reformas para garantizar empleos dignos para todas las mujeres.
- Promover políticas públicas: para fortalecer la investigación, cooperación interinstitucional y prácticas forenses para abordar las desapariciones y trata de mujeres.
- Impulsar políticas fiscales que protejan el presupuesto para la igualdad: evitando retrocesos, mejorando su asignación y supervisión.
Finalmente, también solicitaron que el comité CEAW reafirme y fortalezca su postura inclusiva hacia la diversidad, especialmente en la protección contra la discriminación por identidad de género y hacia las mujeres trans.
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