El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementará un programa que permitirá a personas que ocupan viviendas de forma irregular adquirirlas a bajo costo, según anunció el lunes su director general, Octavio Romero Oropeza. La medida, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende evitar desalojos masivos y dar salida a alrededor de 145 mil viviendas que están invadidas actualmente.
De acuerdo con Romero Oropeza, la propuesta busca incorporar a los actuales ocupantes en procesos de regularización mediante condiciones de pago accesibles, en lugar de ejecutar desalojos. La medida fue presentada como parte de una nueva política social de vivienda orientada a reducir la conflictividad territorial y aprovechar el inventario de inmuebles deshabitados que acumula el instituto.
La iniciativa fue duramente cuestionada por el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, quien acusó al gobierno federal de “legalizar la invasión de viviendas” y sostuvo que la medida envía un mensaje adverso al esfuerzo de los trabajadores que accedieron a una vivienda por medios legales y acusó que se trata de una “visión populista” que equipara justicia social con impunidad.
“Ahora, las personas que invadieron viviendas de forma ilegal podrán comprarlas con facilidades especiales. Es decir: el delito se premia y la legalidad se castiga”, escribió Añorve en su cuenta de X. En su opinión, la medida desincentiva el ahorro y la formalidad, y vulnera el principio de respeto a la propiedad privada.
Segob responde a críticas
En respuesta a las críticas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que el programa de Infonavit no se aplicará en los casos donde exista una denuncia penal abierta por despojo o invasión de vivienda. Subrayó que ninguna política podrá imponerse por encima de los procedimientos judiciales ya iniciados.
La funcionaria afirmó que el derecho a la propiedad privada será respetado en todos los casos y reiteró que el gobierno federal promoverá soluciones conciliatorias, siempre que no se vulneren derechos previamente reconocidos. “Si hay una carpeta de investigación por un despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia”, puntualizó.
El programa de regularización se perfila como parte de una política más amplia de intervención en zonas urbanas con alta incidencia de viviendas abandonadas o invadidas. A la par, Infonavit prevé establecer filtros jurídicos para verificar la viabilidad de cada caso y evitar conflictos con propietarios legítimos o procesos en curso.
Este anuncio ocurre en un contexto donde el déficit habitacional y el abandono de viviendas adquiridas por crédito representan retos persistentes en diversas regiones del país, particularmente en periferias urbanas y zonas con alta marginación.
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