En el Estado de México, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema de Anticorrupción, lanzó un llamado para que los candidatos al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) presenten de manera voluntaria su declaración “3 de 3″, es decir, sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
La propuesta surge en el marco del proceso electoral extraordinario para elegir, por primera vez, a integrantes del Poder Judicial mexiquense a través del voto ciudadano.
El CPC considera que esta elección histórica debe ir acompañada de un ejercicio real de transparencia por parte de quienes aspiran a cargos clave en el sistema de justicia.
“El acceso a la información pública y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones judiciales”, señaló el Comité en un pronunciamiento reciente.
Por ello, convocaron a los candidatos a hacer pública su información patrimonial y de intereses mediante la plataforma “Conóceles” del INE y redes sociales personales.
Aunque la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece desde 2016 la obligación de presentar la “3 de 3″ a quienes ya desempeñaron un cargo público, esta no aplica para quienes participan como candidatos. En este contexto, la exigencia del CPC no es legalmente obligatoria.
“La ciudadanía necesita conocer quiénes son, qué bienes poseen y si existen posibles conflictos de interés entre quienes aspiran a juzgar a otros. Esto no puede ser un acto meramente simbólico”, insistió el Comité.
Esta solicitud de transparencia llega en un momento clave, ya que algunos sectores han cuestionado la imparcialidad del proceso, la poca competencia en algunas postulaciones y la posibilidad de que existan intereses políticos detrás de ciertos nombramientos.
Acerca del CPC y candidatos al TDJ
La función de CPC es la revisión del cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como la vinculación de las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción.
Así mismo, el CPC da seguimiento al funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, vincula a la sociedad civil, académicos, profesionistas y empresarios a través de la Red Ciudadana Anticorrupción y propone políticas públicas que permiten la prevención, detección y sanciona actos de corrupción.
En total son 36 candidaturas las que participarán en la entidad, de las cuales 21 son mujeres y 15 hombres. La elección del 1 de junio no solo será inédita por su formato, sino también por la oportunidad que ofrece a los ciudadanos para exigir mayor rendición de cuentas al poder judicial.
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