La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 14 de mayo que presentará una denuncia penal contra una jueza que a su jucio, favoreció una “escandalosa protección” al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusado por presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
De acuerdo con la FGR, el exgobernador Silvano “A” no se presentó a la audiencia programada para el pasado 9 de mayo, según lo ordenado por la Jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, en el marco del juicio penal que lleva en su contra.
La ausencia del imputado generó una serie de acciones legales y procesales que han sido calificadas como irregulares por parte del Ministerio Público de la Federación (MPF).
Tras la no comparecencia de Silvano “A”, el MPF solicitó a la jueza un informe sobre lo sucedido. Cuatro días después, Vargas Alarcón comunicó que había considerado al exgobernador como comparecido, basándose en un escrito presentado por el imputado, el cual no fue ratificado.
A pesar de esta irregularidad, la jueza otorgó una nueva audiencia para dentro de tres meses, lo que contraviene el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que este tipo de audiencias deben realizarse en un plazo máximo de 15 días.
La FGR ha señalado que no existe justificación legal para la decisión de la jueza de no ratificar la orden de aprehensión vigente contra Silvano “A”.
Según la Fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero, las autoridades judiciales han suspendido dicha orden de manera ilegal, otorgándole al imputado una protección que califican como parcial e injusta.
Este hecho ha llevado a la Fiscalía a anunciar que presentará una denuncia penal contra la jueza, además de iniciar una queja procesal en su contra.
El ex gobernador michoacana es investigado por por presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, debido a un quebranto de 3 mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio, de cuarteles para la Guardia Civil.
El Ministerio Público de la Federación (MPF) ha señalado al ex gobernador de Michoacán y a 4 de sus ex colaboradores por un supuesto daño patrimonial por una compra a sobreprecio de cuarteles de la Guardia Civil para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
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