
Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al gobierno mexicano para cumplir con las obligaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, así como de la aplicación de las 69 recomendaciones emitidas por parte del Comité para la Protección de los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW), organismo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH-ONU), emitidas el pasado 24 de abril.
Organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), RacismoMX, Sin Fronteras IAP, Casa Monarca. Ayuda humanitaria al migrante, A.B.P. , el Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI), Fundación para la Justicia (FJEDD), han firmado para exigir su cumplimiento.
El Estado mexicano tiene que presentar a más tardar el 1 de mayo de 2030, información respecto a las recomendaciones formuladas con respecto a los temas de gestión de fronteras, protección de migrantes, privación de libertad, niñez así como la cooperación con los Estados Unidos de América.
Legislación migratoria actual

De acuerdo con las observaciones realizadas, existe preocupación por parte del organismo por diversos aspectos críticos de la política y la legislación migratoria actual. Temas como la detención migratoria, la protección de la niñez y adolescencia, el creciente uso de las Fuerzas Armadas en tareas migratorias, la realización de operativos migratorios por actores sin facultades legales, así como impunidad en casos de desaparición fueron señalados.
Tras revisar el informe, el organismo mostró preocupación por los operativos de revisión y verificación migratoria realizados a partir de prejuicios raciales y xenófobos en espacios como centrales de autobuses, carreteras y vías públicas por autoridades que no cuentan con facultades para realizarlas, de acuerdo con un amparo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De enero a agosto de 2024, se tuvo un registro de 700 mil detenciones de personas adultas en situación irregular y solicitantes de asilo.
Respecto a temas de regularización

El Comité expresó preocupación por el bajo número de regularizaciones otorgadas a trabajadores migrantes y a sus familiares, así como por la suspensión de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), desde octubre de 2023, acción que impide a que niños no acompañados, personas solicitantes de asilo o en situación de vulnerabilidad tengan una situación regular y documentación para que puedan acceder a sus derechos.
Frente a estas situaciones, el Comité recomendó al estado mexicano restablecer la evaluación y concesión de la TVRH, asegurar que todas las personas migrantes regularizadas reciban la CURP, así como medidas para asegurar la participación laboral y el empleo informal.
De acuerdo con el Boletín del segundo trimestre 2024, se registraron 28 mil 531 eventos de personas en situación irregular provenientes de países de otros continentes principalmente de China, Mauritania, Guinea y Senegal. Respecto a nacionalidades del continente americano, se registró un aumento de personas provenientes de Venezuela, El Salvador y Cuba.
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