
Este miércoles 23 de abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República una iniciativa para prohibir la difusión de propaganda extranjera con contenido político o ideológico. Dentro de la propuesta también incluyó las sanciones a las que podrían ser acreedoras las concesionarias que incurran dicha falta.
El proyecto es una medida que podría transformar el panorama mediático en México: la prohibición de transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras a través de concesionarios de radiodifusión, televisión o servicios de audio restringidos en el país. Esta iniciativa, que busca proteger la soberanía informativa, establece una única excepción a la regla: la promoción de contenido con fines turísticos o culturales.
Según lo informado, la propuesta también incluye una disposición que impediría a los gobiernos extranjeros utilizar los medios de comunicación nacionales como herramienta para influir en los asuntos internos de México. Este punto subraya la intención de blindar al país frente a posibles injerencias externas que puedan afectar su política interna o su estabilidad social.

Estas serán las multas y sanciones por difundir spots con propaganda extranjera que Sheinbaum busca implementar
Según se indica en la iniciativa, aquellas entidades concesionarias que violen el contenido del artículo 210 podrán ser acreedores a sanciones de dos tipos. En primera instancia se impondrá una multa de entre el dos y el cinco por ciento de los ingresos.
"Se sancionará con multa por el equivalente de 2% hasta el 5% de los ingresos del concesionario, autorizado, programador, o plataforma digital por incumplir la prohibición de publicidad establecida en el artículo 210 de la ley", se lee en el documento.

De igual manera, aquellas entidades que violen el artículo 210 podrían ser acreedores al retiro de las concesiones, tanto en radio como en televisión. El apartado citado de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice que:
"Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural”, dice la propuesta.
De igual manera, la prohibición de la censura previa constituye uno de los principios fundamentales establecidos en el documento. Este mandato asegura que las autoridades, incluida la Secretaría de Gobernación, respeten de manera plena los derechos a la libertad de expresión, la libertad de información y la manifestación de las ideas al momento de supervisar y regular los contenidos transmitidos.
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