Como parte de un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales, Carlos Tomás “N”, alias ’El Tomasín’ o ‘El Lic’, fue extraído del penal de Villahermosa, Tabasco, y trasladado a una cárcel de máxima seguridad en el estado de Nayarit.
Este hombre es identificado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad y presunto jefe de La Barredora, célula criminal que surgió como una escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según consta en los reportes periodísticos, fue durante las primeras horas del 25 de marzo que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal acudieron al Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST, antes CRESET), ubicado en Villahermosa, para llevar a cabo el operativo.
Informes del Centro Regional de Fusión e Inteligencia Sureste (Cerfise) y de la 30ª Zona Militar citados por Proceso exponen que ‘El Tomasín’ fungía como asesor de Hernán Bermúdez Requena cuando estaba al frente de la SSPC. Ambos personajes aparecían en una lista de supuestos integrantes del CJNG.
Además de este presunto jefe criminal, los agentes de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) OLMECA sacaron del centro penitenciario a otros seis reos de alta relevancia, entre los que destacan Bruno “N”, alias ’El Chuky‘; Norberto “N” alias ’El Peje‘; y Jorge “N”, alias ’El Milimétrico‘.
Para el aseguramiento y traslado de estas personas privadas de su libertad, la SSPC estatal recibió apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Marina (Semar) el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
Acorde con informes preliminares, el cambio en el lugar de reclusión de estas personas busca debilitar las estructuras delictivas que operan en Tabasco, ya que los jefes criminales mantenían su influencia en la entidad incluso desde los muros de la prisión.
El 19 de diciembre de 2024, agentes de la SSPC estatal acudieron al penal de Villahermosa para trasladar a Gerardo “N” y Javier “N”, dos generadores de violencia, a otra prisión. Al ingresar al CREST, los uniformados fueron recibidos a tiros.
“Son los que tienen el control de los internos [...] Ellos siguen teniendo control de delincuentes que están afuera”, reconoció aquel día el fiscal José Barajas Mejía ante medios de comunicación al llegar al recinto. El motín de esa fecha dejó un saldo de siete personas muertas.
Deficiencias en los servicios de salud, falta de prevención de violaciones a derechos humanos, autogobierno y hacinamiento son algunos de los aspectos que han colocado al CREST como una de las prisiones peor evaluadas en México por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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