Muerte de niño jornalero por mina terrestre en Michoacán es un acto de terrorismo, denuncian los LeBarón

Integrantes de la familia LeBarón denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) la muerte de un niño de 15 años que falleció tras explotarle una mina terrestre en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán.

La tragedia que sacudió a Michoacán el pasado fin de semana, con la muerte de Pablo R., un niño jornalero, ha puesto nuevamente en el foco la violencia que azota al estado.

La Voz de Michoacán reportó que el menor falleció tras la explosión de una mina improvisada mientras trabajaba en una parcela de limón en la comunidad de Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista Tomatlán. Este hecho también cobró la vida de José, un hombre de 43 años que lo acompañaba.

En respuesta, los activistas Adrián LeBarón Soto y Bryan LeBarón Jones presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), calificando el incidente como un acto de terrorismo.

De acuerdo con la denuncia, entregada en la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, la colocación de minas explosivas en zonas rurales de Michoacán tiene como objetivo sembrar el terror entre la población y disuadir a grupos rivales de cruzar por territorios controlados por organizaciones criminales. Sin embargo, los principales afectados son los civiles, quienes enfrentan las devastadoras consecuencias de estos artefactos.

Según consignaron los activistas en su denuncia, la muerte de Pablo no es un caso aislado. Desde 2024, Michoacán ha sido escenario de múltiples explosiones de minas antipersona que han cobrado vidas y dejado heridos. En marzo de ese año, tres campesinos murieron cuando una mina explotó mientras viajaban en una camioneta entre los poblados de El Caulote y Las Cruces, en el municipio de Tumbiscatío. La explosión fue tan violenta que mutiló las extremidades de las víctimas y dejó a dos personas gravemente heridas.

En diciembre de 2024, otro incidente trágico ocurrió en los municipios de Cotija y Buenavista Tomatlán, donde al menos cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) murieron y siete más resultaron heridos durante un operativo para desactivar minas en la región.

Más recientemente, el 13 de enero de este año, un docente de telesecundaria falleció cuando su vehículo activó una mina mientras transitaba por una brecha que conecta las comunidades de Las Bateas y El Tepetate, en el municipio de Apatzingán.

Durante la presentación de la denuncia, Adrián LeBarón enfatizó la gravedad de la situación y la necesidad de que las autoridades actúen con firmeza. “No podemos ser indiferentes cuando un niño de 15 años muere por una mina antipersona en Michoacán. Pablo representa a muchos. Él estaba trabajando cuando se enfrentó a estos artefactos, ahora toda una comunidad tiene miedo porque cualquiera pudo estar en su situación y así millones de mexicanos”, declaró. Además, instó a la Fiscalía General de la República a investigar estos hechos como actos de terrorismo, argumentando que es crucial nombrar y reconocer la magnitud de lo que ocurre en el país.

Por su parte, Bryan LeBarón calificó los ataques con minas como “terrorismo puro” y criticó la inacción de las autoridades. “Los grupos criminales dejaron explosivos sembrados en las comunidades rurales de Michoacán y es el pueblo, la gente de a pie, los que están muriendo”, afirmó. También señaló que las autoridades deberían ser responsables por cada muerte, ya que su deber es localizar y desactivar las minas colocadas por los cárteles, en lugar de buscar excusas para criminalizar a las víctimas.

Las minas antipersona, diseñadas para matar o incapacitar a sus víctimas, han sido utilizadas históricamente en conflictos armados para desmoralizar a las tropas enemigas, colapsar servicios médicos y dañar vehículos no blindados. Sin embargo, su impacto persiste mucho después de terminados los enfrentamientos, convirtiéndose en una amenaza constante para las comunidades civiles.

En el caso de Michoacán, estas minas han transformado las zonas rurales en campos minados, donde los habitantes viven con el temor de que cualquier paso en falso pueda ser fatal.