En días recientes se publicó el Índice Global de Impunidad 2024 (IGI), un proyecto de investigación de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), el cual realiza un análisis sobre el desempeño de los sistemas de seguridad, justicia y la protección de los derechos humanos en 94 países. En su cuarta actualización, el IGI refleja la situación de impunidad a nivel global, donde el promedio de impunidad es de 31.6 puntos, en una escala de cero a cien.
El país que encabeza la lista con los menores niveles de impunidad es Alemania, con un puntaje de 14.93, mientras que Birmania ocupa la última posición con 69.61, siendo el país con más altos índices de impunidad. México, con un puntaje de 46.19, se encuentra en el puesto 81, dentro de los 15 países con peores resultados.
Aunque en la edición de 2020 México ocupaba el lugar 60, el cambio en su posición se debe a la inclusión de más países en el análisis y no a una mejora en su desempeño.
Disparidad en el continente americano
El informe destaca la gran disparidad en América, con un promedio regional de 36.89, donde ocho países tienen niveles de impunidad baja, nueve se encuentran en un nivel medio y ocho tienen índices altos o muy altos de impunidad. México, al igual que Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Haití, aparece entre los 20 países con peor desempeño en el IGI.
De acuerdo con el estudio, la situación de impunidad en México refleja problemas sistemáticos y estructurales en el sistema de seguridad, la justicia y la protección de los derechos humanos. La falta de capacidades institucionales, como recursos presupuestales adecuados, personal capacitado y políticas públicas efectivas, contribuye a la ineficiencia de los sistemas encargados de garantizar la seguridad y el acceso a la justicia.
La investigación también subraya que no sólo depende de la voluntad de las autoridades federales mejorar la situación. En los estados de la República, se observa una gran variabilidad en los niveles de capacidad institucional, lo que pone de manifiesto la falta de voluntad política para generar cambios significativos en estos temas.
Para reducir los altos niveles de impunidad, es esencial diseñar estrategias de seguridad, justicia y derechos humanos que contemplen la participación de los tres niveles de gobierno y el desarrollo de capacidades institucionales a nivel local, estatal y federal. El IGI 2024 reafirma la urgencia de abordar la impunidad como un problema político prioritario, que requiere un esfuerzo coordinado y un enfoque integral en todas las instancias gubernamentales.
El informe concluye que, mientras México no logre mejorar sus capacidades institucionales y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la impunidad seguirá siendo un obstáculo serio para la justicia y la protección de los derechos humanos en el país.
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