En la edición vespertina de este 31 de diciembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que se reforma el artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública. Esta reforma amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia encabezada por Omar García Harfuch.
Este decreto establece que la SSPC coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, además de que auxiliará a quien presida el Ejecutivo en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional.
Esto es, la SSPC podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno -a través de las instituciones de seguridad pública- los cuales además deberán proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley. Además, podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.
Con esta reforma, la SSPC y la Guardia Nacional podrán tomar parte en la investigación de delitos, labor que anteriormente sólo podía llevar a cabo el Ministerio Público.
Así, el artículo 21 queda establecido de la siguiente manera:
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.
Fondos de ayuda federal
De acuerdo con el decreto publicado por la Segob, los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional, serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Estos fondos serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema a través de su Secretariado Ejecutivo.
Este secretariado ejecutivo “podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
La SSPC tiene un plazo de 90 días naturales -desde la publicación del decreto- para afinar y armonizar normativas de los instrumentos jurídicos que correspondan.
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