Durante la conferencia matutina del 2 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que podría haber más operativos de las autoridades para enfrentar el contrabando en la Ciudad de México, luego del cateo en la Plaza Izazaga 89 del Centro Histórico.
“Son acciones que está tomando en este caso la Secretaría de Economía en coordinación con el Gobierno de la Ciudad. Si es necesario, seguirían [los operativos]”, fue la breve declaración de la mandataria respecto al tema.
El pasado 28 de noviembre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer que autoridades locales y federales incautaron en dicho establecimiento un total de 88 mil productos que, presuntamente, habían sido ingresadas de forma ilegal al país.
“Las piezas de contrabando fueron aseguradas y serán destruidas por el IMPI [Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial]”, escribió el funcionario a través de su cuenta de X.
Estas acciones se enmarcan en una estrategia que las autoridades han llamado ‘Operación Limpieza’, que tiene por objetivo inhibir la venta de mercancía introducida ilegalmente al país, así como garantizar la propiedad de las marcas.
Después de esta primera inspección en la que participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX), y la Secretaría de Marina (Semar), Marcelo Ebrard dio a conocer la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar el proceso de extinción de dominio de la Plaza Izazaga 89, por considerarla un inmueble dedicado al contrabando, piratería y otras actividades ilícitas.
Según lo expuesto por el secretario de Economía, en el caso de la Plaza Izazaga 89 podría ser aplicable la extinción de dominio en los términos del artículo 8 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, por ser un inmueble arrendado para la venta de mercancía ilegal.
“[La acción se ejercerá respecto de los bienes] que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo. Será responsabilidad del Ministerio Público acreditarlo, lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del inculpado del delito”, puede leerse en la legislación.
A raíz de esta denuncia, la plaza tuvo que suspender sus operaciones durante la mañana del sábado 30 de noviembre. Los locatarios de los más de mil 500 locales ubicados en el inmueble tuvieron que sacar la mercancía del lugar, mientras elementos policiales resguardaban el perímetro.
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