Estas son las reformas constitucionales propuestas por AMLO que no pudieron ser aprobadas en su sexenio

Durante su última conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó los decretos que le dan validez a las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional y de los pueblos indígenas.

“Uno [de los decretos] tiene que ver con la creación de la Guardia Nacional, institución para garantizar la seguridad pública [...] La otra es algo que tiene que ver con el México profundo y los derechos de los pueblos indígenas”, declaró López Obrador ante la prensa que lo acompañó en su último acto desde el Salón de Tesorería.

De igual forma, el tabasqueño aprovechó para agradecer “su apoyo y confianza” a las y los legisladores que le dieron luz verde a ambos proyectos en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Ambas reformas forman parte del paquete de 20 iniciativas que López Obrador presentó el pasado 5 de febrero al Congreso, las cuales buscaban, en sus propias palabras, “establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia”.

Del total, AMLO consiguió que fueran aprobadas y publicadas tres reformas: la de la Guardia Nacional, la de los pueblos indígenas y la del Poder Judicial. No obstante, hay 17 que aún se mantienen pendientes de discusión y/o aceptación en el Poder Legislativo:

• Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Garantizar el mismo derecho a las personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal.
• Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
• Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.
• Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
• Prohibir el maltrato a los animales.
• Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
• Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
• Prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras.
• No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
• El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al seguro social.
• Revertir las reformas de pensiones que afectan a trabajadores inscritos en el Seguro Social y del ISSSTE, ya que les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario. Se propone crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que irá en aumento.
• Garantizar el derecho a la educación y al trabajo. Plantea que cuando las y los jóvenes no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado los contrate y les pague lo equivalente al salario mínimo durante un año, mientras se capacitan en cualquier actividad productiva.
• Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar; se mantendrán precios de garantía para la compra-venta de alimentos básicos y continuará la entrega de fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país.
• Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas, concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Se propone garantizar el derecho a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares.
• Nueva iniciativa de reforma electoral que contempla reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, evitar las excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales; el Congreso de la Unión se integraría por 300 diputados y no por 500 y el Senado se conformaría con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre ahora.
• Convertir a la austeridad republicana en una política de Estado, a través de una nueva redacción al artículo 127 de la Constitución sobre el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el Presidente de la República.
• Eliminar todas las dependencias y organismos autónomos.