
La mañana del 4 de septiembre, una sesión de 18 horas en la sede alterna de la Cámara de Diputados llegó a su fin con la aprobación en lo general y lo particular del proyecto que modifica diversas disposiciones constitucionales para reformar al Poder Judicial.
El debate y la votación ocurrieron en medio de una oleada de críticas, ya que la asamblea se realizó en la Sala de Armas de la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca —debido a los bloqueos en el palacio legislativo de San Lázaro— pese a que una jueza otorgó amparos que suspendían la discusión.
Uno de los aspectos más controversiales de la iniciativa es la figura conocida como “jueces sin rostro”, integrada en la fracción X del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política.
“Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”, puede leerse en la propuesta que fue entregada al Senado tras su aprobación en la Cámara Baja.

En otras palabras, la modificación propone que la identidad de las y los jueces se mantenga oculta en determinados procedimientos legales bajo el argumento de evitar un riesgo en el ejercicio de su labor.
Catorce años atrás, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa se pronunció a favor de los jueces anónimos para evitar que fueran víctimas de represalias por parte de la delincuencia organizada.
“Los ciudadanos, los policías, los jueces y los ministerios públicos sí tienen un riesgo en el sentido de que están totalmente expuestos a las venganzas de los criminales [...] No podemos ni debemos permitir que los delincuentes pretendan intimidar a los juzgadores para evadir sus delitos y responsabilidades”, manifestó el exmandatario durante el quinto día del Diálogo por la Seguridad: evaluación y fortalecimiento.
Calderón solicitó al Congreso en ese entonces que se efectuara una modificación legal para incorporar dicho recurso en la Constitución, pero la petición no fue atendida.
Organismos internacionales señalan riesgos en los jueces anónimos
Pese a que la figura de los ‘jueces sin rostro’ se anuncia como una medida para proteger a quienes participan en casos de alto impacto, instancias como Amnistía Internacional, el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) se han manifestado en contra de ella por su aprovechamiento en otros países para cometer actos violatorios de derechos humanos.
En el caso del sistema penal de Perú en la década de 1990, Amnistía Internacional detectó al menos 700 casos de personas acusadas falsamente por delitos ligados al terrorismo, consecuencia de “un marco que facilita el encarcelamiento de personas sin que existe prueba alguna”.
Sumado a ello, diversos organismos han denunciado que la práctica de ocultar las identidades de las y los juzgadores viola el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues impide que la persona acusada tenga la posibilidad de corroborar si la o el juez cumple con los requisitos de imparcialidad en su caso.
“La figura de jueces ‘sin rostro’ impide conocer la identidad de la persona que juzga, así como valorar su idoneidad y competencia. Hay que proteger a las personas juzgadoras, sin vulnerar el derecho a un juicio justo, ante un tribunal independiente e imparcial”, expuso la ONU-DH en su cuenta de X al respecto.
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