En el primer minuto de este lunes 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) entraron en paro indefinido de labores a nivel nacional en respuesta al dictamen de la reforma propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Unos 50 colaboradores tomaron las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ubicado en la zona de San Lázaro, en la Ciudad de México, aunque
Evidentemente, López Obrador fue cuestionado sobre esta protesta durante su tradicional conferencia matutina y esta fue su reacción:
“Están en su derecho de manifestarse, sólo comentar que con la Reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores, al contrario, se les beneficia, a ver si mañana o pasado se vuelve a explicar en qué consiste todo esto para que no se manipule a los trabajadores, para que los trabajadores del PJF tengan información, nosotros estamos en contra de la corrupción y los privilegios, y los hay en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben.
Lo que queremos es corregir, que desaparezca la corrupción, sobre todo arriba, la corrupción que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros, aclaro, no todos, pero sí muchos de ellos que dejan en libertad a delincuentes tanto del crimen organizado como a los de cuello blanco. Si teniendo esa información -que la tienen- ellos deciden ir a huelga, también están en su derecho, nada más que van a seguir de paleros a quienes forman parte la corrupción en el PJF”, expresó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
¿Por qué se fueron a paro?
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) dio a conocer que no están de acuerdo con el nuevo dictamen de la Reforma Judicial que se discutirá en el Congreso de la Unión, ya que no respetar las necesidades y derechos de los trabajadores, pese a que el presidente prometió que estos cambios no les afectarían, sino todo lo contrario, pues “borraría” su trayectoria y esfuerzos por hacer carrera.
El documento contiene más de 100 cambios a la propuesta original que AMLO mandó el pasado 5 de febrero, entre los cuales destacan:
- Un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos tributarios, obligando a los jueces a justificar cualquier demora ante el Tribunal de Disciplina Judicial, ente cuya creación plantea la reforma de AMLO
- El Senado perderá la facultad de nombrar a los servidores del PJF, limitando a los legisladores sólo a tomarles protesta y gestionar las solicitudes de licencia o renuncia al cargo
- La administración del Poder Judicial será manejada por un órgano especializado, mientras que la disciplina corresponderá al Tribunal de Disciplina, compuesto por cinco miembros electos por la ciudadanía
- La reducción de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de que las sesiones deberán ser públicas y la presidencia se rotará cada dos años mediante votación
- Los sueldos de los integrantes del PJF no deberán ser superiores al del presidente de la República y se prohíbe la creación de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos
- La reducción del periodo de los ministros de la SCJN de 15 a 12 años, eliminando su derecho a haber por retiro; los magistrados del TEPJF sólo durarán seis años y los magistrados de Circuito y jueces de Distrito tendrán nueve años y la posibilidad de ser reelegidos consecutivamente
- Cualquier persona o autoridad puede denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos de responsabilidad administrativa o penal cometidos por integrantes del PJF, incluidos magistrados, ministros y jueces
- Se suprime el requisito de tener al menos 35 años para ser ministro, magistrado o juez; además, los postulantes deben tener título de licenciado en Derecho, con promedio mínimo de 8 y 9 en materias relacionadas con el cargo; y cinco años de experiencia jurídica
- El INE será la entidad que organice las elecciones en el PJF, también hará los cómputos, presentará resultados y entregará las constancias de mayoría. Las campañas durarán 60 días, no estará permitido el financiamiento público y privado ni la contratación de espacios en medios para promocionar candidaturas; además, ni los partidos ni servidores pueden hacer proselitismo en favor o contra de candidatos
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