“Se oía taladrar día y noche”: narcos enemigos de “El Chapo” alertaron del túnel por el que se fugó del Altiplano y fueron ignorados, revela docuserie

Previo a la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal federal del Altiplano por un túnel en 2015, reos de alta peligrosidad que compartían pabellón con el capo escucharon durante semanas el ruido de taladros y herramientas que provenía del subsuelo, alertaron a las autoridades penitenciarias y fueron ignorados o amenazados con ser trasladados a otro centro, según revelan testimonios en la docuserie Operación Cisne Negro, producida por N+ Docs y estrenada este 27 de octubre en la plataforma ViX.

Las declaraciones pertenecen a enemigos directos de “El Chapo” Guzmán —integrantes de Los Zetas, del Cártel de Tijuana y del Cártel Jalisco Nueva Generación— que compartían el mismo lugar de máxima seguridad donde el exlíder del Cártel de Sinaloa fue recluido tras su captura en febrero de 2014.

El túnel de 1.4 kilómetros por el que Guzmán se fugó la noche del 11 de julio de 2015 se construyó durante un período estimado de 10 a 12 de los 16 meses que el capo estuvo preso.

La docuserie, dirigida por Héctor Lazo e investigada por Samuel Adams, con la participación de la periodista Denise Maerker, incluye un video inédito de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) elaborado a principios de 2016 con los resultados de la investigación sobre la fuga. Ese material, que nunca fue difundido en su totalidad, concluye que los trabajos de impermeabilización ordenados en el techo del área de tratamientos especiales durante el mes previo a la fuga se hicieron para aparentemente ocultar el ruido que se estaba haciendo en el túnel.

Las quejas que nadie quiso atender

En el pabellón de tratamientos especiales del Altiplano convivían, separados por celdas individuales, algunos de los criminales más buscados de México: Héctor Beltrán Leyva, alias “El H”; Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”; Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”; su hermano Óscar Omar Treviño Morales, alias “Z-42”; Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, y Teodoro García Simental, alias “El Teo”. Todos enemigos de Guzmán Loera. Ninguno ocupaba las celdas contiguas a la número 20, donde estaba “El Chapo”.

Salvador Martínez, conocido como “Comandante Ardilla” y vinculado a Los Zetas, declaró en el video de la AIC: “Día y noche se oía taladrar, que estaba taladrando. Y ayer se oía un poco de ruido también y en la mañana también se fue dos veces la luz en la mañana”.

Óscar Omar Treviño Morales, el “Z-42”, confirmó en un diálogo registrado en el mismo material: “¿Y sí se oía taladro?”, le preguntaron. “Todo el tiempo”, respondió. “¿Día y noche o solo de día?”. “Día y noche”.

Teodoro García Simental, “El Teo”, del Cártel de Tijuana, detalló que los sonidos eran constantes y que cuando se quejó recibió una amenaza directa: “Pues se oía como cuando están dándole al cemento. Se oían en las tardes, más en las tardes. Me dijeron que no estuviera diciendo nada de eso, porque de lo contrario, ni me iban a trasladar a otro centro de reclusión”.

José Bernabé Brizuela, alias “La Bestia”, vinculado al CJNG, fue más allá al señalar que el ruido de los trabajos en el techo servía deliberadamente para encubrir lo que ocurría debajo: “Desde que empezamos a escuchar el taladro, empezaba a subir la gente al techo. Y esa gente que estaba en el techo nomás estaba haciendo pompa, porque nomás nos estaba haciendo ruido para que nosotros pusiéramos la atención en los del techo y no en los del taladro”.

La impermeabilización que duró cuatro veces más de lo necesario

De acuerdo con la investigación de la docuserie, en las semanas previas a la fuga se autorizaron al menos cinco obras simultáneas dentro del Altiplano: cambio de pisos en celdas, sustitución de rejas, renovación del circuito cerrado de cámaras de seguridad, reemplazo de inhibidores de señal celular e impermeabilización del techo del área de tratamientos especiales.

Esta última obra es la que concentra las sospechas. Según el investigador Samuel Adams, el contrato de impermeabilización fue adjudicado de manera directa —no por licitación— a una empresa privada en 2014, cuando Guzmán ya estaba preso en el Altiplano. El contrato debía concluir en diciembre de ese año, pero un embargo del SAT a la empresa retrasó su ejecución.

Todavía en mayo de 2015, las autoridades penitenciarias reportaron que los trabajos no habían concluido. El 29 de junio de 2015 se ordenó que la impermeabilización se realizara del 1 al 31 de julio, el mismo mes en que Guzmán se fugó. La obra se ejecutó únicamente en el área de tratamientos especiales, en ninguna otra zona del penal. Y duró más de 20 días cuando, según los propios registros internos, era un trabajo que tomaba una semana.

“Es un acto que tiene una iniciativa, es decir, alguien de la dirección lo ordena. Es el único lugar donde se hace, en ninguna otra parte del penal. Es plenas lluvias. Se hace una impermeabilización que dura muchísimo y que lo que implica es estar haciendo ruido para ir confundiendo el ruido de abajo y el ruido de arriba”, dijeron los productores también a Denise Maerker durante una entrevista en el podcast Hablemos de N+.

43 minutos sin código rojo: la cadena de fallas

El 11 de julio de 2015, a las 17:00 horas, Joaquín Guzmán fue sacado de su celda para una reunión con sus abogados que se prolongó una hora con 40 minutos. Mientras él no estaba en la celda, las cámaras de seguridad registraron ruidos constantes de taladro.

A las 19:00 horas, Guzmán fue regresado a su celda. El video de la AIC muestra que al ingresar caminó de manera precipitada hacia el área de la regadera, colocó una toalla para tapar la zona y volteó hacia la cámara. Según la interpretación de los realizadores, el abogado le acababa de informar que la perforación del túnel ya había llegado a la regadera.

A las 20:52 horas, Guzmán se dirigió por última vez al área de la regadera y desapareció de la imagen de la cámara.

Tres instancias vigilaban simultáneamente a Guzmán en el Altiplano: los monitoristas del propio penal federal, un equipo de la Policía Federal instalado en un cuarto aparte y dos operadores del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), cuya única función era observar con audio y video exclusivamente al recluso de la celda 20. Ninguna de las tres reaccionó a tiempo.

Pasaron 18 minutos desde que Guzmán desapareció de la imagen hasta que un monitorista de la Policía Federal notó su ausencia. Este intentó comunicarse con el área de tratamientos especiales y pasaron siete minutos más hasta que le contestaron la llamada. Un custodio se asomó a la celda y reportó: “Hay un hoyo en la regadera, jefe”. Aun así, transcurrieron 11 minutos adicionales antes de que abrieran la celda y entraran.

El código rojo —el protocolo de máxima emergencia que cierra esclusas, bloquea salidas y activa un cerco perimetral— se declaró 43 minutos después de la fuga. Para ese momento, Guzmán ya había recorrido los 1.4 kilómetros del túnel en una motocicleta adaptada sobre rieles, en un trayecto que le tomó 19 minutos según el peritaje. Tres camionetas lo esperaban en la salida.

Las camionetas pasaron a unos 400 o 500 metros de un cuartel del Ejército ubicado junto a la bodega donde terminaba el túnel, aproximadamente 24 minutos después de la fuga. Si el código rojo se hubiera declarado a tiempo, habrían sido detectadas.

“Con una persona que hubiera hecho su trabajo, una, esto no hubiera pasado”, declaró la entonces procuradora Arely Gómez en la docuserie.

Los dos monitoristas del CISEN encargados de vigilar exclusivamente a Guzmán se contradijeron en sus declaraciones posteriores. Uno afirmó que la pantalla se “pasmó” durante un minuto y medio. El otro dijo que se congeló durante 20 minutos. Los dictámenes periciales posteriores determinaron que las pantallas no se habían pasmado.

Los sistemas que no funcionaban y la celda que nunca se cambió

La investigación de la AIC determinó que el día de la fuga todos los sistemas de seguridad perimetral del Altiplano “están instalados, pero no funcionaban”: el sistema geofónico —que habría detectado vibraciones subterráneas de la construcción del túnel—, las alarmas de las mallas perimetrales y los inhibidores de señal celular estaban fuera de servicio.

De las 20 torres de vigilancia del penal, solo cinco tenían personal. Una de cada cuatro. Esa carencia existía desde antes de que Guzmán fuera recluido ahí.

Manuel Mondragón y Kalb, quien como comisionado nacional de Seguridad fue el responsable de trasladar y entregar a Guzmán en el Altiplano tras su captura en 2014, relató en la docuserie que al momento de la entrega advirtió al director del reclusorio: “A este le da por fugarse”. Mondragón recomendó que se le cambiara periódicamente de celda y que se le ubicara en una zona central y elevada, no en la orilla ni en planta baja.

La coordinadora de penales federales, Celina Oseguera, recomendó trasladarlo al área de infectocontagiosos, ubicada en el centro del penal. El director del Altiplano, Valentín Cárdenas, también pidió que lo movieran. Agentes de inteligencia visitaron el penal dos meses antes de la fuga para recomendar el cambio de celda tras detectar “una actitud extraña” en Guzmán.

Ninguna de estas recomendaciones fue atendida. Guzmán permaneció en la celda 20 durante los 16 meses de su reclusión.

Según declaraciones del propio Cárdenas incluidas en el expediente, la orden de no mover a Guzmán de esa celda provino de Ramón Pequeño, entonces coordinador de Inteligencia de la Policía Federal. Pequeño fue llamado a declarar en dos ocasiones, pero nunca fue consignado.

Por encima de él en la cadena de mando estaban Ignacio Hernández Mora, comisionado de penales federales, quien declaró pero no fue investigado; Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad; y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Del CISEN, únicamente los dos monitoristas fueron consignados y, según la investigación de la docuserie, fueron absueltos al año.

Tras la fuga, la Procuraduría General de la República detuvo a más de 30 personas vinculadas al penal para rendir declaración. El monitorista de la Policía Federal que aparece en la docuserie bajo el nombre de Jaime estuvo preso siete años y medio, pese a que su sentencia fue de cuatro años con cuatro meses.