La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo celebró el proyecto con el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se perfila a anular las quejas interpuestas por la oposición para invalidar la elección presidencial por la supuesta injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la conferencia de prensa para la presentación de un nuevo integrante de su gabinete, se posicionó respecto a que en los próximos días el máximo tribunal evalúe la elección y que -según el proyecto- se descarte que hubiera intervención de López Obrador o que la violencia sea un motivo para repetir el proceso.
“La Comisión Especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó el proyecto de resolución de los juicios de nulidad presentados en contra de la elección presidencial del proceso 2023-2024. El proyecto resuelve que es improcedente la demanda que realmente no puede considerarse una intervención por parte del presidente de la República ni una otra acción que pudiera considerar que estuviera en riesgo la calificación de la elección”, comentó.
Adelantó que el Tribunal podría entregarle la constancia de mayoría alrededor del 8 de agosto, tal como ocurrió en el proceso pasado cuando López Obrador ganó la elección del 2 de julio de 2018. Después de la entrega espera realizar un evento público “pequeño” ya como presidenta electa.
“Esperamos que antes de que termine julio se pueda calificar la elección y ya nos informara el Tribunal la fecha en la que nos estarían entregando ya la constancia. Al presidente se la dieron el 8 de agosto, será alrededor del 8 de agosto, haremos un evento además de recibir”, sentenció.
Respecto a la violencia generalizada, el proyecto descarta que el crimen organizado haya estado involucrado en el proceso, ya que “las referencias a la supuesta incidencia del crimen en la elección presidencial se basan en opiniones subjetivas o meras percepciones, que no permiten inferencias válidas para justificar su pretensión”.
En este mismo sentido, se desestima la queja sobre el uso indebido de programas sociales, pues la oposición acusó que se había cooptado a los electores amenazando con retirar esto beneficios, “las pruebas no acreditan la existencia de una aplicación sesgada de los programas sociales, por ende, tampoco se demuestra la contravención de los principios de imparcialidad y equidad en la entidad electoral”.
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