
En el municipio de Copala, Guerrero, la violencia tuvo un papel determinante antes, durante y después del proceso electoral. En junio de 2023 fue asesinado Jesús González Ríos, quien se perfilaba como uno de los principales aspirantes a la alcaldía. Su hermana Candy Espinoza asumió la candidatura en abril de 2024, pero se retiró un día después de haberse registrado. Salvador Villalva Flores, presidente municipal electo, fue asesinado la madrugada del 17 de junio.
Villalva, quien era un capitán de la Secretaría de Marina (Semar) retirado, regresaba a Copala después de una visita a la Ciudad de México. Sujetos armados interceptaron su autobús y le dispararon en por lo menos cuatro ocasiones. En ese momento no lo acompañaba el equipo de la Guardia Nacional que le había brindado protección durante la campaña.
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En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el presidente del partido México Avanza, por el que Villalva ganó la elección, reveló que el exmilitar recibió amenazas a lo largo del proceso electoral, lo que orilló a su equipo a solicitar medidas de seguridad.
“Él me platicó que sí tenía amenazas, la verdad como me lo dijo vía telefónica nunca me especificó de parte de quién o de quiénes, solamente me pidió que le gestionara la seguridad”, dijo Abraham Ponce en su conversación con Uresti.
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El dirigente partidista realizó el trámite correspondiente ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que a su vez turnó la solicitud al gobierno estatal. En respuesta, las autoridades le asignaron una escolta de la Guardia Nacional.
Tal versión contrasta con lo expresado la mañana del 18 de junio por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que Villalva Flores contaba con protección sin haberla pedido.
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“Ya estamos trabajando en la investigación, es un asunto local, hay acusaciones anteriores. Tenía protección, aunque no lo había solicitado, pero antes de salir pidió que no lo acompañaran. Dejó el escrito diciendo que regresaría, pero lamentablemente lo asesinaron”, declaró el mandatario federal.
Abraham Ponce explicó que en ocasiones anteriores Salvador Villalva le había pedido a los guardias nacionales que lo dejaran solo para algunos eventos, pero los militares desobedecían su instrucción debido al riesgo que esto representaba. La única vez que no lo acompañaron, fue asesinado.
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Veinticuatro horas después de que ocurriera el crimen, las autoridades estatales no han informado ninguna detención relacionada con el caso y tampoco se tienen identificadas, públicamente, a las personas responsables del ataque.
Ante estas circunstancias, la normativa electoral señala que el cargo de alcalde debería ser ocupado por el suplente del candidato, que en este caso sería Rogelio Lozano Pérez. Sin embargo, hasta la fecha de la presente publicación, el partido no le ha realizado el ofrecimiento de manera formal y existe la posibilidad de que Lozano decida no ocupar el puesto.
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“Legalmente se acude al suplente, aunque en muchas ocasiones y en estos casos los suplentes tampoco le quieren entrar”, explicó Abraham Ponce. Una vez que el candidato defina su propuesta, deberá presentarla al Congreso para su aprobación. La persona que resulte designada deberá tomar el cargo el próximo 1 de octubre.
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