El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido permitir el ingreso de teléfonos celulares a las casillas electorales durante las elecciones del 2 de junio de 2024. Esta medida responde a una petición por parte de la oposición a Morena para prevenir el fraude electoral. Sin embargo, el INE ha optado por intensificar las campañas contra la compra de votos y colocar carteles en las casillas como advertencia a las personas sobre la prohibición de tomar fotografías a las boletas electorales antes de depositarlas.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) había solicitado al INE la prohibición de celulares en las casillas para evitar la presión sobre los votantes por parte de los partidos políticos, quienes podrían exigirles fotografías de sus votos a cambio de beneficios. La medida buscaba resguardar la integridad del voto y evitar prácticas que comprometan la libertad de elección de los ciudadanos.
La postura del INE ante el uso de celulares en las cacillas
En respuesta a la petición de prohibir el uso de celulares en las urnas, el Consejo General del INE enfatizó en la importancia de respetar la privacidad y la libertad de los votantes. También se comprometió tomarán las medidas necesarias para garantizar un proceso electoral transparente y justo. Los carteles informativos servirán para recordar a los votantes que están protegidos por la ley y que ninguna organización política tiene derecho a influir en su decisión mediante prácticas coercitivas o corruptas.
El INE sostiene que la prohibición del uso de dispositivos móviles en centros de votación podría constituir una forma de discriminación hacia las personas con discapacidad. Argumenta que estas herramientas tecnológicas ofrecen aplicaciones esenciales que facilitan el proceso electoral para este grupo vulnerable, permitiéndoles ejercer su derecho al voto de manera más autónoma y accesible.
Las aplicaciones de asistencia personal, como las que ofrecen funcionalidades de texto a voz, dictado y apoyos visuales, son vitales para asegurar que las personas discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en las votaciones. La propuesta de restricción del uso de estas tecnologías entra en conflicto directo con principios nacionales e internacionales sobre los derechos de las personas con capacidades diferentes, al poner en riesgo su autonomía e independencia durante la jornada electoral de 2024.
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