Padres de los 43 de Ayotzinapa llaman a boicot contra las campañas electorales

Luego de la negativa de una audiencia pública por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, estos últimos acordaron un “boicot” a las campañas y al proceso electoral durante la Asamblea Nacional Popular (ANP).

Los familiares de los jóvenes estudiantes de Guerrero consideraron que la investigación a cargo de esta administración no ha tenido resultados, únicamente hipótesis, y por lo tanto emprenderán acciones para demandar un mejor desempeño de las autoridades.

“Llevaremos la lucha a las calles, particularmente llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral. No podemos permitir que mientras las madres y padres de los 43 sufren el dolor de no saber de sus hijos el sistema de partido se arremoline en la fiesta electoral con discursos vacuos que no incorporan el tema de los desaparecidos”, expresaron a través de un comunicado.

Para los padres, el gobierno federal tiene las pruebas sobre lo que ocurrió la trágica noche de Iguala, sin embargo, no ha profundizado en la investigación.

“Las pruebas existen y están en manos del gobierno, concretamente de la CoVAJ. Es claro que no hay voluntad política de AMLO para investigar seriamente al ejército mexicano, por el contrario, su narrativa de culpar a los abogados de las madres y padres de los 43 es una táctica deliberada de encubrir al ejército mexicano por sus crímenes cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa”, expresaron.

Señalaron que no están afiliados ni obedecen a ningún partido político, sin embargo, poseen el derecho de protestar para exigir un diálogo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y mientras esto no ocurra, sus manifestaciones estarán enfocadas en las campañas electorales.

Adelantaron que si no hay una reunión pronta con el mandatario federal, las protestas se extenderán a través de organizaciones campesinas y magisteriales, pues una de las promesas del político tabasqueño fue resolver el caso.

Explicaron que su única motivación es conocer el paradero de sus hijos y ya está por cumplirse una década de la desaparición de los jóvenes.

“A casi 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes la investigación que encabeza el presidente de la república ha fracasado, porque hoy no sabemos el paradero de nuestros hijos, sólo existen hipótesis que distan mucho de ser verdad”, indicaron los padres.

Acusan al gobierno por no resolver el caso Ayotzinapa

Apuntaron, además, que el caso de los 43 es sólo uno de los grandes pendientes de esta administración, pues en México,persisten desafíos significativos en materia de seguridad, derechos laborales y acceso a servicios básicos.

Además, la influencia de organizaciones delictivas en diferentes regiones agrava la situación, perjudicando principalmente a las comunidades más vulnerables.

Mientras tanto, el sistema político muestra signos de desconexión con las necesidades de la ciudadanía, manifestándose a través de propuestas que favorecen intereses de élites económicas y políticas.

Este escenario se ve complicado por la falta de avances significativos en investigaciones clave, como la del caso Ayotzinapa, que señalan la necesidad de una revisión profunda de las estructuras de justicia.

La violencia y precarización de derechos, que afectan a amplios sectores de la sociedad, especialmente a mujeres y trabajadores, sugieren una crisis de bienestar y seguridad. Paralelamente, el panorama político se caracteriza por promesas electorales que a menudo no atienden las demandas sociales más apremiantes.

En este contexto, destacan críticas hacia las propuestas de la candidata del partido Morena, las cuales, según detractores, podrían profundizar dinámicas de desigualdad existentes.

A todo esto, se suma la parálisis en la investigación del caso Ayotzinapa, un tema pendiente que ha llamado la atención internacional por la desaparición de 43 estudiantes. La investigación se ha visto obstaculizada por falta de mecanismos especializados y acciones que, presuntamente, buscan proteger a instituciones implicadas, como el ejército.

Esta situación ha generado llamados para una revisión y fortalecimiento de las instituciones de justicia y transparencia en el país.