Oaxaca aprueba Ley Mozón: los padres condenados por feminicidio perderán la custodia de sus hijos

El Congreso de Oaxaca aprobó una reforma al Código Familiar Estatal el miércoles 20 de marzo de 2024, donde destaca la ampliación de causales para perder la patria potestad, impactando directamente a aquellos padres condenados por el delito de feminicidio. Esta decisión, apoyada por 28 votos a favor, marca un precedente importante en la protección de los derechos de niños y niñas afectados por esta situación, eliminando la patria potestad de padres que cometan estos crímenes contra la madre de sus hijos.

La legislación, conocida como la Ley Monzón, es un homenaje la memoria de Cecilia Monzón Pérez, destacada abogada, activista y madre asesinada en Puebla en mayo de 2022. La Fiscalía de Puebla identificó a su ex pareja, Javier López Zavala, como el presunto autor intelectual del crimen. Este suceso impulsó al estado de Puebla a ser el pionero en el país en implementar una ley que suspende y finalmente retira la patria potestad a posibles feminicidas, una vez confirmada la condena.

Las reformas de la Ley Mozón

La diputada Concepción Rueda Gómez fue la promotora de este cambio legislativo, el cual fue aprobado tras una sesión ordinaria del pleno de la LXV Legislatura. El ajuste al artículo 298 del Código establece que el padre o madre perderá la patria potestad sobre sus hijos si este recibe una condena por feminicidio o intento del mismo contra la madre de los menores. Además, el artículo 300 señala que este derecho también puede ser suspendido desde el momento en que el individuo sea vinculado a proceso por delito de feminicidio o tentativa del mismo, además de por actos que atenten contra la salud, libertad sexual e integridad física de la mujer.

Este movimiento legislativo busca garantizar el bienestar y seguridad de los menores huérfanos debido a feminicidios, también asegurar que no permanezcan bajo la custodia de individuos condenados por tan graves delitos. La reforma abarca además causales como el incumplimiento del régimen de convivencia decretado judicialmente, embriaguez habitual, uso ilegal y persistente de sustancias controladas sin prescripción médica, y la comisión de delitos dolosos donde la víctima sea el menor.