
Aunque sucedió en lugares y fechas distintas, la forma en que murieron dos soldados del Ejército y tres jornaleros fue la misma: tuvieron el infortunio de cruzar por una zona llena de minas terrestres instaladas por el crimen organizado.
La explosión que alcanzó al convoy militar quedó grabada en video. Mientras realizaban un operativo por un camino de terracería en la localidad de Zipoco, Jalisco, el artefacto detonó justo a los pies de los castrenses.
En el caso de los campesinos, la detonación ocurrió el 5 de marzo, cuando viajaban en una camioneta por la comunidad de Las Cruces, en el municipio de Tumbiscatío, Michoacán.
Ambos acontecimientos se suman a una lista cada vez más extensa de ataques perpetrados por grupos criminales con el mismo método.

Fuentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos —citadas por Keegan Hamilton y Kate Linthicum en un reciente reportaje para Los Angeles Times—señalan que esta estrategia les ofrece una particular ventaja a los grupos delictivos en un contexto de disputa territorial, como lo son Jalisco y Michoacán.
“Puedes matar a más enemigos a una mayor distancia y limitar la confrontación directa [...] Menos miembros pueden infligir un mayor daño corporal mientras están en tierras enemigas”, fueron las observaciones que Tim Sloan, exdirector de la oficina de la agencia estadounidense en la Ciudad de México.
Estos artefactos suelen estar elaborados con envases desechables plásticos —como tubos de PVC— y esquirlas de metal que funcionan como metralla. Son considerados por especialistas como una insignia de grupos delictivos en varios países de Centro y Sudamérica.
Concretamente, el reportaje de Hamilton y Linthicum señala que Colombia es un territorio en el que estos explosivos eran un elemento fundamental en los combates entre fuerzas paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Entrevistado por Los Angeles Times, John Sullivan, experto en temas de crimen organizado, explicó que la influencia de estas tácticas de Colombia en los conflictos entre cárteles mexicanos ha tenido un gran alcance desde 2016, después del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.
Esta negociación provocó que muchos guerrilleros quedaran ‘desempleados’. Aprovechando los vínculos que ya tenían con narcotraficantes, los cárteles mexicanos comenzaron a reclutar a los excombatientes.
Desde morteros caseros y minas terrestres hasta bombas para lanzar desde drones son parte de la tecnología que los exmiembros de las FARC introdujeron al país en beneficio de agrupaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Tepalcatepec, liderado por Juan José ‘El Abuelo’ Farías.
Por otro lado, el reportaje señala que algunas células de Cárteles Unidos han sumado hombres colombianos a sus filas a cambio de un salario semanal de aproximadamente 600 dólares, equivalentes a casi 10 mil pesos mexicanos.
La implementación de estos dispositivos no sólo refleja el poder de fuego que estas organizaciones pueden ejercer sobre sus rivales, sino que les brinda una mayor versatilidad y los vuelve más difíciles de rastrear para el Ejército y los cuerpos policiales.
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