Esta es la reforma que busca aumentar controles en escuelas y evitar el ingreso de objetos peligrosos

Los gobiernos estatales y de la Ciudad de México tendrán que implementar programas para el control de objetos que se introducen en las escuelas, esto con el fin de impedir el ingreso de armas o sustancias peligrosas, esto de acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Educación en el Senado de la República.

La iniciativa de ley busca mejorar la seguridad de todos los menores de edad en las escuelas del país, pues plantea un cuidado más estricto sobre los objetos que se ingresan a los planteles.

La reforma a la fracción XIV del artículo 114 de la Ley General de Educación, dará la facultad a las autoridades de nivel local a implementar programas para el control de los objetos que se introducen a los planteles por parte alumnos así como del personal docente, personal directivo y empleados en general.

Es preciso recordar que en años pasados la implementación de operativos denominados “mochila segura” causó controversia debido a la violación a la privacidad de los menores de edad. En algunos casos, policías eran los encargados de llevar a cabo las revisiones dentro de los planteles educativos, lo cual causó mayor polémica.

Ahora, en 2024, la Comisión de Educación, que preside la senadora Antares Vázquez Alatorre, aprobó un dictamen para garantizar la seguridad de todos los menores de edad en el entorno de los planteles educativos aunque no se especificó qué tipo de medidas deberán aplicar los directivos de las escuelas para evitar el ingreso de objetos o sustancias peligrosas.

De acuerdo con el dictamen, el objetivo de verificar que no se transporten de forma ilícita armas o materiales, sustancias y objetos peligrosos, debe ser con apego a los principios de legalidad, no discriminación, respecto a la dignidad de las personas y de mínima intervención.

El Operativo Mochila Segura causó controversia en México

El Operativo Mochila Segura, implementado desde el año 2001 por las autoridades educativas mexicanas en instituciones de educación básica, tanto públicas como privadas, pronto se colocó bajo el escrutinio de organizaciones de derechos humanos.

Esta iniciativa, lanzada bajo el amparo del programa Escuelas Seguras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tenía como finalidad prevenir el ingreso de artículos prohibidos como drogas y armas por parte de los estudiantes.

No obstante, numerosas voces señalaron las implicaciones negativas, incluyendo la violación a los derechos fundamentales de niños y adolescentes, y la sobreexposición a situaciones de vulnerabilidad y riesgos jurídicos sin precedentes.

En particular, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en 2002, criticó severamente la estrategia, argumentando que este tipo de revisiones constituye un abuso hacia los menores al invadir su privacidad y etiquetarlos injustamente como potenciales delincuentes.

Estas acusaciones tomaron mayor intensidad tras la implementación de procedimientos extremos en ciertas localidades. Por ejemplo, en Chihuahua, efectivos de la policía estatal emplearon perros antinarcóticos para inspeccionar las pertenencias de los estudiantes, en operaciones que fueron realizadas sin protocolos de seguridad adecuados y que contaban con la aprobación tácita de las autoridades locales.

Este panorama refleja un dilema evidente entre la necesidad de garantizar la seguridad en los entornos educativos y el respeto a las libertades individuales de los estudiantes.

La crítica alcanzó no solo al diseño y ejecución del operativo, sino a la misma concepción del programa, cuestionando si las medidas adoptadas fueron las más adecuadas para construir entornos seguros que fomenten el desarrollo integral y respetuoso de los menores.

Según el Partido del Trabajo, en un proyecto presentado en 2017, la experiencia ha mostrado que, lejos de constituir una solución efectiva, el Operativo Mochila Segura ha generado situaciones de riesgo y exposición a vulnerabilidades que afectan a los estudiantes y sus comunidades.