La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó la versión de su sesión privada del 31 de enero, en respuesta a la solicitud de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, para transparentar el debate sobre una resolución que declara inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica.
Durante la mencionada sesión, surgió una controversia relacionada con el ministro Javier Laynez Potisek, quien se excusó de votar sobre el tema en cuestión, alegando un conflicto que lo impedía participar en la decisión.
Esta situación dio lugar a que las ministras Batres Guadarrama y Esquivel Mossa pidieran una mayor transparencia en el proceso, evidenciando así las complejidades de las deliberaciones internas de la SCJN.
Específicamente, la ministra Batres Guadarrama solicitó que el asunto se mantuviera en la lista para futuras discusiones, propuesta que fue rechazada por el presidente de la Primera Sala, Alberto Pérez Dayán.
El debate también giró en torno a las preocupaciones sobre estrategias dilatorias empleadas por el gobierno para bloquear el otorgamiento de amparos en favor de empresas privadas.
Esto fue resaltado en las expresiones de los ministros, quienes manifestaron su postura en contra de tales maniobras, señalando un conflicto con el artículo 17 Constitucional.
Proceso eléctrico en el tiempo
En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la legalidad de la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que representa un avance significativo para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las entidades privadas en el sector.
La Ley de la Industria Eléctrica, instaurada oficialmente el 11 de agosto de 2014 y publicada en el Diario Oficial de la Federación, abarca la generación, comercialización, transmisión, y distribución de electricidad, además de supervisar el Mercado Eléctrico Mayorista.
Su propósito es impulsar un crecimiento sostenible dentro de este sector crucial, asegurando un suministro continuo, eficiente y seguro para los consumidores. Además, la legislación enfatiza la importancia de cumplir con las obligaciones referentes a las Energías Limpias y la disminución de emisiones nocivas para el ambiente.
Este marco legal no solo se enfoca en fortalecer a la CFE frente a competidores privados, sino también en garantizar el acceso a recursos energéticos de manera justa y equitativa para toda la población mexicana.
A través de esta ley, el gobierno busca destacar la relevancia de una industria eléctrica que contribuya al desarrollo sustentable y al bienestar social, priorizando al mismo tiempo el cuidado ambiental y la reducción de la huella de carbono.
Con esta decisión, se espera que la Comisión Federal de Electricidad tenga las herramientas necesarias para liderar el rumbo energético del país hacia un futuro más sostenible.
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