Por qué Michoacán es un estado clave para el narcotráfico a nivel internacional

Durante las últimas dos décadas, el estado de Michoacán ha sido el escenario de violentas pugnas territoriales protagonizadas por múltiples grupos del crimen organizado.

Fue en dicha entidad que el asedio de La Familia Michoacana orilló al entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel a solicitar la intervención del expresidente Felipe Calderón y las fuerzas federales. En diciembre de 2006 se puso en marcha el Operativo Conjunto Michoacán, lo que marcó el inicio de la mal llamada “guerra contra el narco”.

No obstante, las agrupaciones delictivas encontraron en Michoacán un punto crucial de operaciones desde mucho antes. En la década de 1940, algunos agricultores comenzaron a esconder plantíos de marihuana y amapola entre sus cultivos de maíz y frijol. El objetivo era exportarla a Estados Unidos.

Según refiere el informe Violento y próspero: el auge del aguacate en México y su relación con el crimen organizado de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GITOC, por sus siglas en inglés), los primeros antecedentes de cárteles propiamente dichos en Michoacán son rastreables hasta los años 80.

Para ese entonces, las redes de traficantes ya habían adquirido amplia experiencia en técnicas de producción y trasiego de drogas. Además, se habían establecido nuevas rutas para mover cocaína desde Sudamérica que tenían al Puerto Lázaro Cárdenas de Michoacán como una de sus principales paradas.

Esta instalación “se convirtió en un activo clave para la importación de cocaína, así como de precursores químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas, como la metanfetamina”, puede leerse en la investigación elaborada por Romain Le Cour Grandmaison y Paul Frissard Martínez.

Años antes, los traficantes locales actuaban en colaboración con autoridades y terratenientes, pero para la década de 1990 “empezaron a luchar por independizarse del patrocinio de las élites y hacerse con el control de territorios estratégicos y nuevos mercados legítimos”.

Esto llevo a que se crearan volubles relaciones político-criminales que aumentaron a la par las ganancias de estos grupos y los niveles de violencia en el estado. La cadena de suministro que lograron controlar los jefes delictivos de la zona abarcaba ya desde la producción, importación y exportación de drogas, por lo que “necesitaban una protección política más poderosa”.

Por otro lado, los recortes que hubo en la década de 1980 a programas públicos de apoyo a la agricultura llevó a muchas personas a perder sus tierras, un factor que fue inmediatamente aprovechado por el narcotráfico.

“Poco a poco, los que tenían dinero eran los que cultivaban marihuana [...] Y empezaron a prestar dinero, a financiar actividades limpias en lugar de los bancos [...] Generaban actividad, invertían, y eso creaba un vínculo y un compromiso”, dijo un antiguo presidente municipal citado en la investigación.

Los capos, que habían logrado amasar notorias fortunas, empezaron a invertir en el sector agroindustrial. Se hicieron dueños de grandes terrenos que les permitían generar oportunidades de exportación de productos agrícolas, así como lavar dinero.

Al incrementar sus inversiones en la economía local, grupos como la familia Valencia —fundadora del Cártel del Milenio— pudieron “ampliar su base social y sus raíces locales en la región”, explica el informe.

La incursión de asociaciones delictivas en el sector agrícola llevó a Michoacán a posicionarse como uno de los principales estados exportadores de productos como el aguacate.

Tal proliferación de la industria fue percibida por los cárteles, además, como una oportunidad para generar ingresos mediante la extorsión a productores. A base de violencia, se han encargado de cobrar por los terrenos trabajados y por las ventas de las comunidades agrícolas.

Actualmente, el pasaje que conecta a Jalisco con Guerrero y el Estado de México a través de Michoacán es una zona de constantes enfrentamientos debido a la búsqueda de los cárteles por apropiarse de los territorios.

En adición, el Puerto Lázaro Cárdenas se mantiene como uno de los puntos de acceso marítimo más grande del país, por donde llegan precursores químicos para producir metanfetamina y fentanilo.