
La semana pasada, Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), entregó escrituras en la Unidad Habitacional ubicada en Tacubaya Sur, en la alcaldía Miguel Hidalgo, proyecto apodado Ciudad Bienestar.
La edificación de los departamento arrancó en enero del 2021, bajo la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, tan sólo tres mese antes de que las 185 familias beneficiadas fueran desalojadas de la zona de construcción; y un año después en enero del 2022, la entonces jefa de Gobierno entregó a los vecinos las decenas de casas.
Sin embargo, ahora, un año después de su entrega y fin de las obra en la Ciudad Bienestar surgen cuestionamientos sobre el proyecto, desde las condiciones del terreno para soportar las estructuras y el posible pago excesivo para realizar remediar socavones.

Razones para investigar el desarrollo de Ciudad Bienestar
La Ciudad Bienestar está edificada sobre una zona de minas abandonadas que estaba en funcionamiento hace muchos años, motivo por el cual instituciones académicas acudieron al terreno para analizar y descartar que existiera un riesgo.
Mientras que, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó que era peligroso construir en la zona debido a las abundantes minas, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) sostuvo que era posible desarrollar la Unidad Habitacional, donde ahora viven 750 personas.
Ante tales irregularidades, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, pidió a Batres Guadarrama que ordene una investigación por las presuntas irregularidades, pues demás de que el terreno -aparentemente- no cuenta con las condiciones para sostener los edificios, no existe un dictamen de un Director Responsable de Obra que certifique la seguridad de las viviendas.
Además, acusó el pago excesivo que destinó el gobierno de la CDMX, después de inaugurada la Ciudad Bienestar, de 300 millones de pesos para remediar los socavones. Por esto, instó a a la Contraloría General de la Ciudad de México y a la Auditoría Superior para realizar un investigación detallada sobre porque se autorizo la construcción.

“Estamos a favor de que haya vivienda de interés social en condiciones seguras, de lo que estamos en contra es el daño patrimonial”, dijo Tabe Echartea en rueda de prensa.
Durante una rueda de prensa del 23 de marzo de este año, la exjefa de Gobierno, Sheinbaum Pardo, mencionó que se trabajaría para solucionar el tema de drenaje y problemas de oquedades (espacios huecos) que se reportaban en la zona, pero para disipar el temor aclaró que hay 110 pilotes que sostienen los cimientos para evitar un desastre.
Actualmente el valor patrimonial por cada vivienda es de 759 mil pesos más el valor del suelo, que daría un valor neto de 3 millones de pesos.
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