La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido una recomendación en la que se evidencian graves violaciones a los derechos humanos de 13 mujeres que se suicidaron entre el 20 de julio de 2021 y el 6 de diciembre de 2023 en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, ubicado en Morelos. La CNDH determinó que dichas mujeres no tuvieron acceso oportuno a servicios psicológicos y psiquiátricos adecuados y que las investigaciones realizadas por la Fiscalía del estado fueron inapropiadas.
Según la institución, estos hechos comprenden una violación a múltiples derechos de las víctimas, incluyendo la protección a la salud, la integridad personal, la seguridad jurídica y legalidad, la igualdad y no discriminación, y el acceso a la justicia. Además, apunta que las 18 personas que resultaron ser víctimas indirectas también han visto comprometidos sus derechos.
En respuesta a los sucesos en el Cefereso 16, la CNDH indica que una investigación reveló que el tratamiento de la salud mental fue deficiente e insuficiente, fallando en identificar conductas de riesgo suicida, mientras que otras afectadas directas no recibieron ninguna intervención efectiva en el área de la salud mental. Asimismo, se señala que hubo retrasos significativos en la atención de emergencia brindada por los custodios y el servicio médico del centro.
Investigaciones iniciaron tras denuncias de los medios
El informe de la CNDH se produce después de un reportaje de investigación donde el medio Animal Político que denunciaba serias violaciones de derechos humanos en el mismo centro, incluyendo una intoxicación masiva y el traslado arbitrario de mujeres, muchas de ellas madres, alejándolas de sus hijos y familias. La Comisión sostiene que la situación de vulnerabilidad social de estas mujeres, exacerbada por el aislamiento, la falta de comunicación con el exterior y el trato recibido durante sus procesos emocionales, contribuyó a sus decisiones de acabar con sus propias vidas.
Para hacer frente a esta situación, la CNDH exige que las 13 mujeres fallecidas y las 18 víctimas indirectas sean registradas en el Registro Nacional de Víctimas. Asimismo, solicita una reparación integral, indemnizaciones y la provisión de atención médica centrada en la salud mental.
Por otro lado, ha identificado irregularidades por parte de la Fiscalía de Morelos en la investigación de las muertes y planea interponer denuncias administrativas en contra de los servidores públicos responsables. La recomendación emitida está dirigida tanto al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como a la Fiscalía de Morelos, buscando asegurar que se cumplan las medidas propuestas y se salvaguarden los derechos de las internas.
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