
En enero de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) renovaron su presidencia, dejando atrás el periodo de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para darle paso a Norma Piña Hernández, primera mujer en encabezar el Poder Judicial.
Sin embargo, los problemas iniciaron tan sólo un mes después durante un evento oficial, lo cual fue desencadenando en propuestas sobre reformar al Poder Judicial por parte del oficialismo, incluso en la más reciente extinción de 13 de los 14 fideicomisos, tras ser avalado el dictamen que propuso el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados y que pasó al Senado de la República.
Pese al ambiente polémico que se ha generado, la tragedia en Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis, podría ser la pipa de la paz, ya que inesperadamente se logró un acuerdo entre ambos Poderes de la Unión.
¿Cómo inició la disputa entre ambos personajes?

Previo a que Norma Piña se convirtiera en la consejera presidenta de la Suprema Corte, ya se había distinguido como una integrante de la Sala Superior que no iba siempre acorde con las propuestas que emitía el Poder Ejecutivo Federal.
En su lista está su negativa a secundar la Ley Zaldívar, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (ILE), así como su lucha por invalidar la prisión preventiva oficiosa. Razón por la cual muchos apuntaron que no fue el perfil favorito del oficialismo para presidir uno de los Poderes de la Unión.
No obstante, fue en la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) donde comenzaron los problemas públicos, debido a que la ministra no se habría levantado de su asiento ni aplaudió durante la llegada del mandatario mexicano a la ceremonia que se llevó a cabo en Querétaro.
Días antes, el presidente envió un mensaje a la ministra desde su conferencia matutina en donde hizo hincapié en la presunta corrupción que presenta en el Poder Judicial: “Recuerdo que ayer me hablaban de que la presidenta de la Corte dijo que había que reactivar todo el sistema anticorrupción...pues que empiece por el Poder Judicial, tiene bastante trabajo, con todo respeto.

Los ataques a la presunta corrupción de la Suprema Corte no cesaron, por lo que las palabras se trasladaron a la realidad y durante el mitin por la conmemoración de la Expropiación Petrolera, algunos simpatizantes prendieron fuego a una piñata con la figura de la ministra presidenta.
Posterior a aquel hecho que fue condenado por buena parte de la sociedad, en el máximo tribunal del país rechazó las reformas al Instituto Nacional Electoral —tanto la reforma electoral como el popular Plan B—, además de que dio revés al paso de la Guardia Nacional a la Sedena o el decretazo que reservó la información de las megaobras.
Los ánimos aumentaron luego de que se aprobó el dictamen para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, con el argumento de que sólo existían para darle más privilegios a los ministros y los magistrados, no a los trabajadores. Esto causó muchos cortes a la circulación en las principales ciudades del país debido a manifestaciones, así como paros laborales, incluso una invitación a Piña Hernández en el Senado para debatir del tema, pero que fue rechazada por Morena.
Acapulco pudiera unir al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo
Pese a lo anterior, la propuesta fue aprobada; sin embargo, tras el paso del huracán Otis que destruyó la costa de Guerrero, especialmente el Puerto de Acapulco, parece ser que podría comenzar a darse una especie de tregua entre ambos poderes.
Y es que el mandatario mexicano propuso que los recursos de los fideicomisos —se estiman más de 15 millones de pesos— sean donados para ayudar a los damnificados, así como en las tareas de reconstrucción. Ante esto, la ministra aceptó y pidió que hubiera un canal institucional.
El cual se dio a conocer rápidamente, pues la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que se hará un comité con representantes de los tres Poderes de la Unión para así actuar como un Estado conjunto en pro de la ciudadanía.
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