
Ante la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), personal operativo de dicho sector informó este viernes que llevará a cabo varias manifestaciones el próximo 16 de octubre.
Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, señaló en entrevista a varios medios que la iniciativa aprobada en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados impacta de manera directa en la pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro de los agremiados, pese a que AMLO aseguró lo contrario.
“Sí se están metiendo con prestaciones establecidas en las condiciones generales de trabajo y además la denostación que hizo del Poder Judicial de que no sirve de nada pues está denigrando el trabajo que todos los días se hace en favor de la sociedad que no es poco”, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
Por ello, convocó al personal de juzgados y sedes del Poder Judicial a que el próximo lunes se vistan de blanco y, previo al inicio de labores, coloquen pancartas y mantas con consignas de rechazo.

Asimismo, advirtió que el próximo 24 de octubre podría realizarse un paro nacional y una manifestación masiva en el exterior de la Cámara de Diputados, pues ese día se realizará un parlamento abierto de dicho recorte presupuestal.
La 4T vs el Poder Judicial
Con 27 votos a favor por parte de diputados de Morena y aliados, el pasado 10 de octubre se aprobó desaparecer 13 fideicomisos del PJF, que suman en conjunto 15 mil 434 millones de pesos.

El único fideicomiso que se salva será el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, por un monto de 6 mil 103 millones.
De acuerdo con la autollamada Cuarta Transformación (4T), el objetivo de esta medida es recortar los “privilegios” de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y con ello destinar los recuersos supestamente a obras públicas y programas sociales.
Legisladores morenistas argumentan que si otros poderes como el Ejecutivo y el Legislativo se han ajustado el cinturón, los ministros tienen que seguir el mismo ejemplo y “dejar de vivir como magnates”.
Sin embargo, la SCJN advirtió que esta iniciativa afectará los derechos laborales del personal operativo y no de los ministros, a quienes el presidente acusa de recibir 600 mil pesos al mes como salario.

“Los derechos tutelados en estos instrumentos normativos no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos de las personas trabajadoras en el Poder Judicial”, añadió.
Las autoridades explicaron que esta información se actualiza de manera trimestral y se puede consultar en el portal de transparencia, así como en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Varios legisladores como Salomón Chertorivski, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), así como algunos analistas, coinciden que esta iniciativa es una venganza de López Obrador hacia los ministros de la Suprema Corte.

Y es que en el último año, la Primera Sala le ha tumbado varias reformas aprobadas por los legisladores de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T), como su “Plan B” de la reforma electoral; además de admitió a trámite 17 impugnaciones que se presentaron por la aprobación de 12 reformas aprobadas fast-track por parte del bloque oficialista, episodio conocido como “viernes negro” en el Senado de la República.
Esa decisión desató el enojo del presidente, que entonces acusó al Poder Judicial de estar “podrido”.
Por lo anterior ha avisado de que espera a las elecciones federales de 2024 la 4T pueda conseguir una mayoría amplia que le permita modificar la Constitución y emprender esas reformas ahora frenadas, lo que llamó su “Plan C”.
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