CDMX apuesta por condenas más severas para evitar ecocidio en la Capital

El Congreso ha promulgado una serie de modificaciones al Código Penal local, en un esfuerzo por preservar el patrimonio natural y enfrentar el problema creciente del ecocidio y la tala ilegal de árboles en la Ciudad de México.

Estas reformas, que han sido aprobadas en la última sesión ordinaria, tienen como objetivo establecer sanciones más rigurosas para aquellos individuos y entidades involucradas en actividades que dañen el medio ambiente en la región.

El término “ecocidio,” que se refiere a la destrucción masiva y sistemática de ecosistemas, se ha convertido en una preocupación en la Ciudad de México. Los legisladores han respondido a esta preocupación con medidas legislativas más severas y específicas para proteger el patrimonio natural y combatir la degradación ambiental.

Una de las modificaciones clave consiste en el aumento significativo de las penas para aquellos que cometan delitos ambientales. De acuerdo con las reformas, cualquier individuo que derribe, tale o cause la muerte de uno o más árboles en áreas protegidas, áreas de valor ambiental, barrancas o suelos de conservación, será sujeto a penas de prisión que oscilan entre seis y veinte años. Además, se impondrán multas que variarán entre seis mil y diez mil Unidades de Medida y Actualización vigentes.

Datos ecológicos

Estas medidas se adoptan en respuesta al preocupante aumento de la tala ilegal en la región. Estimaciones de 2019 sugieren que los talamontes derribaron aproximadamente 200 mil árboles en la Ciudad de México. La aplicación de sanciones más estrictas se considera una estrategia esencial para disuadir esta práctica destructiva y promover un mayor respeto por el patrimonio natural de la ciudad.

Además, las enmiendas también abordan la cuestión del comercio de madera y otros productos forestales. Aquellos que participen en el comercio, acopio, almacenamiento o transformación ilegal de madera en rollo, astillas, carbón vegetal u otras materias primas forestales, enfrentarán las mismas penas de prisión que aquellos que cometan delitos directamente relacionados con los árboles. Además, se impondrán multas que variarán entre 10 mil y 15 mil Unidades de Medida y Actualización.

La aprobación de estas reformas fue unánime, ya que la mayoría de los legisladores reconocieron la necesidad de abordar de manera decisiva el problema del ecocidio y la degradación ambiental en la ciudad. Las propuestas originales fueron presentadas por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, así como por las diputadas Elizabeth Mateos Hernández de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas y Tania Nanette Larios Pérez de la bancada del PRI.

Una característica de estas enmiendas es que las penas se agravarán aún más cuando los delitos sean cometidos por servidores públicos o cuando tengan lugar en suelo de conservación. Esto refleja el compromiso del gobierno local en la lucha contra la corrupción y en la protección de áreas naturales críticas.

Durante la sesión, se presentaron argumentos en apoyo de las reformas. Expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialistas en derecho ambiental y sustentabilidad señalaron que el ecocidio y la tala ilegal desenfrenada en diversas áreas de la ciudad han causado daños ecológicos significativos, afectando gravemente los pulmones verdes de la capital y poniendo en peligro los 10 acuíferos que proporcionan aproximadamente el 70 por ciento del suministro de agua potable para los habitantes de la megalópolis.

Además de las reformas mencionadas, se han establecido penas económicas para quienes actúen en nombre, representación o beneficio de una entidad moral o jurídica, incluyendo a propietarios, socios, representantes legales y apoderados.

Las penas se incrementarán si la persona es servidora pública o beneficiaria de programas sociales destinados a la protección del medio ambiente. Las enmiendas también abordan cuestiones más específicas relacionadas con delitos ambientales graves. Por ejemplo, se tipifica como delito la destrucción o pérdida total de un ecosistema que abarque al menos diez hectáreas.

Del mismo modo, se considera un delito cuando la afectación a un ecosistema dure al menos cuatro meses. También se penaliza cualquier acción que cause la contaminación del agua, el suelo o el aire a través de vertidos químicos o emisiones de contaminantes que afecten el aire.

No obstante, durante la discusión, el diputado Royfid Torres González, coordinador de la asociación parlamentaria Ciudadana, expresó su oposición al dictamen. Señaló que aumentar las penas punitivas no resolverá el problema de fondo.

Según datos de la Fiscalía General de Justicia capitalina hasta julio de 2023, sólo se habían vinculado a proceso a 17 personas por el delito de tala ilegal. Torres González argumentó que se necesita una estrategia más integral para abordar eficazmente el problema del ecocidio y la tala ilegal en la ciudad.