Guerreros Unidos sobornó a militares en el caso Ayotzinapa, según informe del gobierno

El Gobierno de México confirmó que elementos del Ejército mexicano apoyaron y recibieron dinero del grupo criminal Guerreros Unidos lo que “facilitó” la desaparición forzada de los 43 normalistas la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

A nueve años de lo ocurrido, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público su informe sobre “Ayotzinapa, narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada” en donde se detalló los vínculos de los tres niveles de gobierno que tenía con el grupo criminal.

“Al momento de la desaparición de los estudiantes, Guerrero Unidos mantenía un importante nivel de penetración y cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región. Esta red que involucraba a autoridades de los tres órdenes de gobierno fue, sin duda, un factor que “facilitó” y perpetró la desaparición forzada de los 43 normalistas”, se lee en el informe de 34 páginas.

El municipio de Iguala se encuentra sobre el denominado corredor de Acapulco -Cuernavaca-Estados Unidos en el tráfico de drogas, y un año antes de la desaparición de los normalistas se tenía el registro que en el estado operaban 18 grupos del crimen organizado.

El informe refiere que Guerreros Unidos tenían una disputa en particular con Los Rojos derivado de un decomiso de cargamento por parte del Ejército mexicano en abril del 2014.

”Conflicto que agudizó con la toma violenta de Carrizalillo en el municipio de Eduardo Neri en el estado de Guerrero por parte de Guerreros Unidos. Razón por la cual, estos esperaban represalias por parte de Los Rojos”, apunta el documento.

El reporte, realizado a partir de información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Fiscalía General de Guerrero, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), también detalla quiénes eran los cabecillas de Guerreros Unidos y cómo sus células estaban divididas en siete regiones al momento de la desaparición de los estudiantes.

“Para 2014 el liderazgo de Guerreros Unidos lo tenían los hermanos Ángel, Adán y Sidronio Casarrubias Salgado en territorio y otro hermano más, Mario, quien operaba desde prisión”, señala el reporte.

El informe puntializa los vínculos que tenían algunos elementos de la Policía Federal y del Ejército que operaban en Iguala con la estructura criminal, de acuerdo con declaraciones de testigos y mensajes de texto aportados por la DEA.

“Se vinculan con Guerreros Unidos el entonceos Coronel José Rodríguez Pérez, Comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala; el Capitán José Martínez Crespo y el entonces Coronel Rafael Hernández Nieto, Comandante del 41 Batallón”, agrega el texto.

Las declaraciones señalan que los elementos de la Sedena recibían dinero, facilitaban al tráfico de drogas, daban protección y proveían de armas y municiones al grupo criminal.

Por otro lado, se informó que el expresidente municipal, José Luis Abarca; y su esposa María de los Ángeles Pineda, quien es hermana de Salomón y Alberto, identificados por ser miembros del Cártel de Los Beltrán Lyeva, “inyectaba dinero a la organización” de Guerreros Unidos.

En el texto también es señalado como integrante de la estructura criminal el presidente municipal de ese entonces de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana. Además de jefes de las policías de ese municipio y de otros como el de Huitzuco, Tepacoacuilo e Iguala.

“Un indicador del alto nivel de corrupción al interior de las policías municipales es el caso de ‘Los Bélicos’, grupo de élite de la policía de Iguala. Éste estaba conformado por aproximadamante 40 elementos, comandados por Francisco Salgado Valladares, sudirecto de la policía municipal de Iguala”, se menciona en el texto.