La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos a través de su Agencia de Investigación Criminal (AIC) puso en marcha un importante operativo coordinado con la 24a Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) la tarde del pasado martes en el que se logró el aseguramiento de cuatro aserraderos en el municipio de Huitzilac.
De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia que encabeza el fiscal Uriel Carmona, en la intervención operativa participaron aproximadamente 300 efectivos de autoridades estatales y federales en tres puntos ubicados sobre el Libramiento Huitzilac.
En dichos puntos se aseguraron tres aserraderos completos, uno más incompleto así como una cantidad considerable de madera, maquinaria, sierras, herramientas, vehículos robados y remarcados, además de camiones y camionetas cargados para su distribución.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos indicó que hasta la tarde del pasado martes, los elementos participantes continúan con trabajos en la zona para extraer lo asegurado que quedó a disposición del Ministerio Público Federal, y continúa el despliegue en la zona.
Ni la dependencia que encabeza el fiscal Uriel Carmona, ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Guardia Nacional (GN) detallaron si el importante operativo dejó personas detenidas por lo que se espera que en próximos días informen sobre la detención de los responsables.
Las sanciones por la tala ilegal
En diciembre de 2022, la diputada federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Flor Ivone Morales, propuso una reforma al Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que contemplaba ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para los delitos de devastación forestal y la tala de árboles clandestina.
El objetivo de dicha sanción que buscaba la morenista es la de inhibir las actividades que ponen en riesgo la biodiversidad y el ambiente en territorio mexicano pues dichas actividades son la tercera forma de delincuencia organizada transnacional más frecuente del mundo.
En su exposición de motivos, la diputada de la bancada guinda indicó que las penas que tienen ese tipo de prácticas son mínimas en comparación a las afectaciones que se tienen como consecuencia en los bosques y selvas del territorio mexicano.
“La punibilidad de dichos tipos penales no resulta disuasiva para los sujetos activos de la comisión del delito, ya que la legislación actual permite que tengan al alcance diversas medidas cautelares y, en el caso de la delincuencia organizada, las ganancias son mucho mayores que los castigos y los daños ambientales se siguen perpetuando”, señaló la diputada Flor Ivone Morales.
Con dichos precedentes se solicitó que el Estado mexicano implementara todos los mecanismos necesarios para promover la conservación de los bosques, los árboles y la vegetación del país.
“La madera obtenida por los grupos delincuenciales crea distorsiones en el mercado legal y constituye un tercio de la comercialización de este producto, de acuerdo al Programa Nacional Forestal 2020-2024″, agregó la militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Tan solo en 2020, México perdió 127 mil 770 hectáreas de bosques, una deforestación superior a la del periodo 2010-2015 cuando fue de 91 mil 600 hectáreas.
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