
Las cifras de trata de personas en México van al alza durante los últimos años, lo cual expone la gravedad de la situación y el trabajo para corregir este problema, sin embargo, se puede considera el logro de avances y cooperación entre instituciones y organizaciones, resaltó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de México.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2020 se registraron 681 víctimas de trata, al siguiente año ascendió a 753, y en 2022, se dispararon a 936 casos. Además, en lo que va de 2023 suman 488 personas afectadas por este delito,
Los tipos de trata de personas preponderantes en cifras en México son el trabajo sexual y el trabajo forzado. Les siguen la mendicidad forzosa y el reclutamiento de niños para participar en actividades delictivas. Recientemente en Yucatán, la muerte de un niño de origen chiapaneco, quien era obligado a pedir dinero en un cruce vial de Mérida, dejó en evidencia la presencia de una red de traficantes que desplaza a menores de edad para obligarlos a mendigar.
En nuestro país, la ley considera la trata de personas como toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación.ata de personas es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación.

La ONU destaca que las propias autoridades se enfoquen en el registro de casos, pues sólo en 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que el 28.4% de los hogares en México manifestó que un integrante de la familia fue víctima de ese delito, pero en el 93% de los casos no hubo denuncia o bien, las autoridades no iniciaron una carpeta de investigación. A esto se le considera “cifra negra”.
el Inegi reportó que 28.4% de los hogares del país contó con al menos un integrante que fue víctima de este delito; en 93.3% de los casos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación, es decir, “lo que se denomina cifra negra”.
“Siempre hay doble lectura: se están detectando más casos, pero no es necesariamente negativo en el sentido de que también puede señalar que hay más capacidad de detección. No hay que castigar a los estados por estar identificando más datos, hay que reforzar esta rendición de cuentas”, señaló Mario Cordero, titular del Programa de Crimen Organizado y Drogas, UNODC México.
Con mayores reportes, se contribuye a tener bases de datos e información concreta para desarrollar políticas públicas, destacó Mario Cordero. Por ello, la UNODC desarrolla diferentes actividades y programas en México, como el proyecto financiado por el Gobierno de Canadá.
El programa está basado en tres ejes: prevención, asistencia a víctimas y fortalecimiento de acceso a la Justicia y se implementa en los estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, Baja California y Puebla.

“En este sentido, a través del trabajo enfocado sobre todo en prevención y capacitación multiactor lo que intentamos hacer fue establecer redes”, explicó el especialista con relación al proyecto piloto anterior a implementar el actual.
“Este proyecto tuvo tal impacto y éxito que ahora lo estamos robusteciendo, implementando en otros estados, con foco en la asistencia pero también acceso a la justicia”, señaló, y agregó que sumaron a actores y actrices para tratar de tejer redes y dar formación.
El proyecto, que arrancó en mayo y durará tres años guarda estrecha relación con la Comisión Federal Intersectorial de Trata de Personas, que tiene comisiones estatales, formada por agentes del estado pero también academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
Por último, el especialista consideró que la comisión está funcionando en cuanto a coordinación pero “hay muchísimo por hacer”. Insitió en la necesidad de abordar la trata de personas como algo que no sucede en un contexto aislado, sino que otras situaciones como la pobreza o la falta de servicios básicas.
“Históricamente se ve desde una óptica de seguridad pero hay que complementarlo con desarrollo”, terminó.
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