
Al ex director general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Mauricio Moreno Balbuena, se le habría iniciado un proceso penal en su contra tras presuntamente haber sido señalado por haber descongelado 722 cuentas bancarias a diversos narcotraficantes.
De acuerdo con los informes de la Fiscalía General de la República (FGR), citados por varios medios de comunicación, el monto de las cuentas desbloqueadas por el ex funcionario de la UIF en el período del ex presidente Enrique Peña Nieto ascendería a más de mil millones de pesos.
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Entre los beneficiados se encontraban varios familiares de Juan José de Jesús Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, considerado como uno de los primeros líderes del Cártel de Sinaloa junto a Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor “El Güero” Palma Salazar.
Algunos de ellos fueron identificados como su ex esposa María Guadalupe Gastélum Payán, y sus hijas Brenda Guadalupe y Nadia Patricia Esparragoza Gastélum.p
Otra familia de narcos beneficiada fue la de Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”. Entre ellos María Elizabeth Elenes Lerma, quien es su primera esposa y la madre de sus cuatro hijos mayores_ Héctor Rafael, Henoch Emilio, Mario Yibrán y Roxana Elizabeth Caro Elenes.
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Funcionarios del Poder Judicial de la Federación habrían confirmado que la FGR solicitó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte una audiencia para juzgar a Moreno Balbuena por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Sin embargo, en caso de que sea vinculado a proceso, el ex director de Procesos Legales de la UIF llevará su procedimiento penal en libertad puesto que el delito por el que es señalado no tiene prevista la prisión preventiva de oficio.
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En junio de 2019, medio año antes de que concluyera la administración de Enrique Peña Nieto, la Sceretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el desbloqueo de al menos 722 cuentas bancarias, varias vinculadas al Cártel de Sinaloa.
El desbloqueo de las 722 cuentas bancarias se realizó en junio de 2018 y estuvieron involucrados recursos que, aunque tenían reporte de sospecha de lavado de dinero, no se presentó denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR).
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Supuestamente, después de darse cuenta que habían desaparecido de la Lista de Personas Bloqueadas, los paticulares y empresas recuperaron el control de sus cuentas y retiraron mil 86.9 millones de pesos y 17 millones 663 mil dólares.
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