Cártel de la Sangre: SFP halla actos de corrupción en 19 empresas contratadas por el IMSS

La Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló la cantidad de empresas que han sido sancionadas por incurrir en actos de corrupción en contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el llamado Cártel de Sangre, que operaron tras obtener contratos en Bancos de Sangre y servicios de estudios de laboratorio clínico.

Zoé Robledo, titular del IMSS, habló primero sobre las modificaciones a las licitaciones que se abrieron para brindar los servicios, con lo que la cantidad de empresas participantes aumentaron.

Recordó que fue desde marzo de 2016 que el IMSS presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y que fue resuelta en 2020, señalándose que simularía a empresas implicadas, pero no las inhabilitó.

En cambio, fue la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Roberto Salcedo Aquino, la dependencia que sí inhabilitó a empresas. AL respecto, el secretario explicó que durante sexenios anteriores diversos servicios médicos se privatizaron mediante la prestación de servicios integrales.

Expuso que en entre 2021 y 2023, en procedimos de contratación de estos servicios han participado un total de 158 empresas, de las cuales 121 resultaron contratadas. De ellas, 89 fueron para laboratorios clínicos y 32 para el banco de sangre.

Del total de las 121 empresas, 102 actuaron conforme a la ley en la prestación de servicio y en el proceso de contratación, pero hubo otras 19 que incurrieron en actos de corrupción previo al inicio de esta administración.

Salcedo Aquino dijo que estas empresas lograron acuerdos entre sí para repartirse ilícitamente las contrataciones mediante la omisión de información durante licitaciones, para que ciertas empresas previamente acordadas, ganaran las licitaciones. A todo ello, se sumó el que algunas empresas incurrieron en prácticas monopólicas.

De ello se desprendió el que la SFP interpuso sanciones a 13 de las 19 empresas señaladas por corrupción, las cuales llevaron a 24 inhabilitaciones de hasta siete años para participar en licitaciones, además de multas por casi los 6 mil millones de pesos.

Mientras que hay en curso ya 23 investigaciones sobre el actuar de empresas. En cuanto a las 24 sanciones, se indicó que 16 de ellas aún están pendientes, pues las empresas se han amparado, en lo que la SFP consideró, son tácticas dilatorias para aplazar la entrada en vigor de las sanciones.

Para hacer frente a estas acciones, la SFP revisa documentación de las empresas para verificar si hay anomalías o simulaciones que permitan a las inhabilitadas participar en procedimientos de contratación.