El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, no podrá seguir con su acuerdo reparatorio con el gobierno de México luego que un juez federal suspendiera el trámite de apertura del juicio oral en su contra por el caso de corrupción de Odebrecht.
En el juicio también se busca juzgar a Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario de Enrique Peña Nieto, quien es señalada por participar en el mismo caso de corrupción.
De acuerdo con el periódico Milenio, la suspensión se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación. Situación que, comentaron fuentes judiciales al diario, pone un freno a la firma del acuerdo reparatorio con Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La apelación de la FGR también impide que el ex funcionario federal consiga un criterio de oportunidad con la propia fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero.
En tanto, Emilio Lozoya espera que un Tribunal Colegiado de Apelaciones en Materia Penal de la Ciudad de México revoque la resolución del juez de control Gerardo Alarcón López, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para que pueda seguir con el acuerdo antes mencionado con las dependencias federales.
La apelación de la FGR, según Milenio, se interpuso antes de que se cumplieran los cinco días que tenía el juez de control para informar su determinación a un Tribunal de Enjuiciamiento para que éste fijara un fecha para el comienzo del juicio oral.
El juez de control Gerardo Alarcón dictó apertura al juicio oral contra Emilio Lozoya y su madre por el caso Odebrecht el pasado 13 de marzo; sin embargo, la FGR y la defensa del ex funcionario mexicano anunciaron que interpondrían diversos recursos contra la resolución.
La defensa legal del ex director de Pemex buscaba que el juez de control resolviera primero el amparo que promovieron contra la personalidad jurídica de víctimas u ofendidos de Pemex y la UIF para que después se dictara la apertura del juicio oral.
En tanto, la FGR buscaba una apelación debido a la exclusión de pruebas clave contra Emilio Lozoya para que, en un posible juicio, se pudieran acreditar los supuestos sobornos de la constructora brasileña.
Según Milenio, el Ministerio Público de la Federación esperaba que el juez no excluyera información bancaria remitida por Suiza, así como de comprobantes de las transferencias de recursos por las empresas fantasma de Odebrecht, pruebas que podrían ayudar a una resolución judicial por su caso.
La FGR busca una pena de 46 años y seis meses de prisión contra Lozoya, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, así como una reparación del daño por un monto de USD 7 millones 336 mil 351. Además de 14 años de inhabilitación en el servicio público y una multa de 87 millones de pesos.
Mientras que a Gilda Margarita Austin y Solín, el Ministerio Público de la Federación busca se otorgue una pena de 21 años y tres meses de cárcel, así como un pago de una multa de 262 mil 278 pesos.
La mamá de Lozoya es señalada por supuestamente recibir parte de los sobornos de Odebrecht para comprar una residencia.
La defensa del ex director de Pemex envió el 30 de marzo una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para aclarar la cifra solicitada en la reparación del daño, aclarando que fueron instituciones del gobierno de la República las que determinaron el monto por medio de peritajes oficiales.
Esto luego que el presidente López Obrador señalara en su conferencia mañanera del 29 de marzo que en el caso de Lozoya, tenía entendido que no querían pagar la reparación del daño.
“(...) Está ofreciendo creo que 10 millones de dólares, para todo lo que significó su participación como director de Pemex en muchísimas actividades ilícitas que él mismo ha revelado”, dijo AMLO.
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