Abogado de Emilio Lozoya explicó por qué el exdirector de Pemex sigue detenido pese a ser testigo colaborador

Días después de que un juez federal ordenara la apertura de un juicio contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), el titular de su defensa legal compartió algunos detalles respecto al caso.

En una conversación con el periodista Alejandro Domínguez para Milenio, el abogado Miguel Ontiveros lamentó que el proceso judicial en contra del exfuncionario pudiera llevarse a cabo a pesar de que ha colaborado como testigo del Estado Mexicano.

Durante la primera entrevista particular que el legista ha ofrecido, mencionó que Lozoya decidió cooperar con la Fiscalía General de la República (FGR) con la intención de obtener un criterio de oportunidad, como lo es la reparación del daño.

“Denunció la existencia de un aparato organizado de poder encabezado por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, operado por exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray” que habría estado encaminado a “generar condiciones para hechos de corrupción”, concretamente la aprobación de la llamada Reforma Energética.

Al respecto, hizo un recuento de la participación de Lozoya como testigo y calificó como “inexplicable” el hecho de que permanezca preso aún después de las evidencias aportadas sobre la red de corrupción del anterior gobierno priista.

“[Continúa detenido a pesar de] haber probado a través de diversas documentales, testimoniales y datos de prueba los hechos que él denuncia para tener un criterio de oportunidad, [a pesar] de haber hecho todo lo necesario, haberse comprometido a ratificar esa denuncia las veces que sean necesarias ante los órganos jurisdiccionales”, indicó Ontiveros.

En tal punto, el periodista lo cuestionó respecto a si, efectivamente, Lozoya Austin habría entregado elementos de prueba que sustentaran la denuncia, a lo que el abogado respondió de manera afirmativa.

Como ejemplo, mencionó la existencia de recibos firmados por personas que habrían recibido sobornos, los cuales habrían sido validados y reconocidos por personas como Rafael Caraveo Opengo, exfuncionario del Senado de la República.

Además de haber ratificado su firma, Caraveo Opengo habría declarado ante la FGR “a qué senadores de la República entregó las maletas de dinero que recibió y que eran millones de pesos”.

Este personaje fue uno de los que apareció en un video que circuló por redes sociales y diversos medios en agosto de 2020, semanas después de que Emilio Lozoya llegara a México extraditado desde España.

Caraveo fue secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, cuando fue presidida por Jorge Luis Lavalle Maury. En la grabación también apareció Guillermo Gutiérrez Badillo, quien habría trabajado en el Senado en 2012 y, cuando se hizo público el material, era secretario privado de Francisco Domínguez, exgobernador de Querétaro de 2015 a 2021.

Según la denuncia de Lozoya, que fue compartida públicamente por Alejandro Gertz Manero, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se habrían entregado 120 millones de pesos (mdp) a un diputado y a cinco senadores del Partido Acción Nacional (PAN) para comprar sus votos y aprobar las reformas estructurales en 2013 y 2014.

En palabras de Miguel Ontiveros, las pruebas ofrecidas por Lozoya y respaldadas luego por Caraveo “fueron tan sólidas” que motivaron el inicio de una acción penal, además de haber sido aceptadas como válidas por el Poder Judicial de la Federación, al grado de que “judicializó esos casos” y giró múltiples órdenes de aprehensión.

“Eso significa que Emilio Lozoya entregó pruebas y una denuncia eficaz para perseguir un delito mayor y sólo resta reparar el daño, pero no entendemos [por qué está en la cárcel] y es algo que no puedo explicarle a la familia”.

Sumado a ello, explicó que desde el 8 de marzo de 2022 el Consejo de Administración de Pemex aprobó, de manera unánime, el monto de la reparación que tendría que cubrir el exfuncionario por los dos casos en los que se vio involucrado: Odebrecht y Agronitrogenados.

Por el primero, la empresa productiva del Estado exigió la suma de 7,3 millones de dólares, mientras que por los daños causados por la venta a sobreprecio de la planta Agronitrogenados se fijó una cifra de 3,4 millones de dólares. El total, en moneda nacional, equivaldría a poco más de 200 millones de pesos, detalló Ontiveros.

Cuando el Consejo de Administración de Pemex acordó la cifra correspondiente a la reparación del daño, Lozoya llevaba cuatro meses preso. Después de haber permanecido en arraigo domiciliario, el 3 de noviembre de 2021 acudió a una audiencia en el Reclusorio Norte y la FGR consiguió que se dictara prisión preventiva en su contra.

La firma del convenio se tenía prevista para el 11 de abril de 2022, según explicó Ontiveros. Sin embargo, cuando se dirigía al penal en donde permanece Lozoya, recibió una llamada de un funcionario de Pemex, cuya identidad no reveló, quien le comunicó que “se suspendía la firma de los acuerdos por instrucciones superiores”. Y aunque se desconocen más detalles, tal sería el motivo por el que el exdirector de la empresa petrolera podría ir a juicio pese a ser testigo colaborador.

La fecha de inicio del juicio contra Lozoya por su presunta actuación en los delitos de cohecho, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita no ha sido definida, pues aunque se determinó su procedencia, apelaciones de la FGR y un amparo de la defensa podrían retrasar el proceso por un tiempo indefinido.