MC presentará acciones legales contra PRI y PAN por paro de labores en Congreso de Nuevo León

Los miembros del Movimiento Ciudadano han mantenido un pleito constante con el PRI y el PAN por el control del estado de Nuevo León

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Los miembros del MC han
Los miembros del MC han acusado a los legisladores del PRI y del PAN de entorpecer la política del estado (Twitter)

Lejos de la euforía que ha causado la inversión millonaria de Elon Musk en el estado de Nuevo León, la entidad se encuentra atravesadndo una crisis política debido a los pleitos entre los partidos políticos con el gobernador Samuel García Sepúlveda.

Ya que durante el miércoles, los legisladores del Congreso local pertenecientes a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Acción Nacional (PAN) acordaron que se establecería un paro de labores en protesta al otorgamiento de una suspensión provisional a favor de Samuel García por parte de un juez de Tamaulipas.

Por estas acciones en la Cámara de legisladores, el partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció que interpondrá acciones legales en contra de los partidos pues aseguraron, entre otras cosas, que ese actuar ameritaba faltas administrativas.

Al respecto, la vicecoordinadora Sandra Pámanes advirtió que a pesar de que tanto el PRI como el PAN negaran dejar de sesionar con el paro que ellos mismos llamaron, estaban mintiendo y entorpeciendo la vida política del estado, reportó el medio Teledirario.

(Foto: Twitter/CongresoNL)
(Foto: Twitter/CongresoNL)

Igualmente, los legisladores del MC dijeron que por cada sesión sin realizar, representa un gasto público de 150 mil pesos por salario bruto de los 42 legisladores.

El amparo otorgado a Samuel García, fue para frenar una serie de reformas impulsadas por el PAN y el PRI con las que se busca restar facultades al gobernador.

Fueron aprobadas el pasado 22 de febrero de este año en el Congreso de Nuevo León con las que, además, se le da mayor peso y atribuciones a las decisiones que se tomen dentro del poder Legislativo.

Una de estas modificaciones es la de moción de censura, con la que el Congreso podría destituir a integrantes del gabiente del gobierno estatal; también podrán establecer presupuestos y le impiden al gobernador la elección de un fiscal General.

Este último aspecto es quizá uno de los más controvertidos, pues el estado aún se encuentra eligiendo a una persona que presida la Fiscalía General de Justica del Estado de Nuevo León y el proceso ha estado envuelto en la polémica.

Pues los partidos de la oposición buscan que Adrián de la Garza esté al frente de la institución. Sin embargo, tras ser propuesto por estos, García Sepúlveda lo desechó como opción al acusarlo de usar la justicia en contra de sus adversarios políticos.

El Congreso de Nuevo León
El Congreso de Nuevo León ha restado facultades al gobernador Samuel García, por lo que él y los miembros de su partido han presentado amparos (GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM)

Cabe señalar que los legisladores del PRI y el PAN son mayoría en el Congreso, por lo que tomarían control en decisiones sumamente importantes para el estado. Ante esto, García Sepúlveda mostró su inconformidad y condenó el actuar de los diputados.

Pero sus acciones no quedaron ahí, pues días después el gobernador junto con varios de los miembros de su gabinete promovieron amparos para que se diera retroceso a las modificaciones constitucionales.

La suspensión fue dada por un juez del estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, a quien acusaron de abusar de sus atribuciones. Además este ha aprobado varios amparos de los emeciistas.

Por ejemplo el de Félix Arratia, ahora Secretario de Medio Ambiente en el estado y al que se le había prohibido asumir cualquier cargo en la función pública como parte de las medidas cautelares hacia él por la investigación que se lleva en su contra por amenazas y abuso de autoridad.

Sin embargo, con la suspensión, puede asumir el cargo a pesar de la vinculación a proceso. Por estos hechos, los legisladores exhortaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a investigar los hechos irregulares derivados de la actuación del juez federal.