Senadores aprobaron cárcel para adultos que obliguen a menores a casarse o cohabitar

El Senado de la República aprobó por unanimidad una serie de reformas al Código Penal Federal con el fin proteger a las niñas, niños y adolescentes que son forzados a contraer matrimonio o cohabitar con alguna persona. La pena establecida consta de 8 a 22 años de prisión para quien vulnere la libertad de las y los menores.

La Comisión de Estudios Legislativos Segunda y la Comisión de Justicia del Senado presentaron el dictamen en materia de matrimonio forzado de personas menores de edad. “Este proyecto legislativo tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal en razón de que existen supuestos que no se encuentran previstos en el marco normativo vigente”, advirtió Olga Sánchez Cordero.

De acuerdo con la senadora, existía un vacío jurídico referente a las personas menores de edad a quienes se les obliga o manipula para adoptar un modo de vida idéntico a un matrimonio sin que se contraiga el vínculo jurídico de manera formal.

“La propuesta plantea un nuevo tipo penal que consiste en la cohabitación forzada a menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad de comprende el significado del hecho”, advirtió Rafael Espino, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.

De esta manera, se pretende castigar “a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente con alguien de su misma condición o con persona mayor de 18 años de edad con el fin de convivir en forma constante y equiparable a un matrimonio”, señaló el morenista.

La pena que se aprobó fue de 8 a 22 años de prisión, así como una multa de mil a dos mil días de trabajo. “Esta pena se aumentaría, se agravaría hasta en una mitad si la persona pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicano”, detalló el senador.

El dictamen fue aprobado de manera unánime en el Pleno por 81 votos a favor. “Con este nuevo tipo penal se pretende reforzar la protección del desarrollo normal psicosexual de las niñas, los niños y los adolescentes”, indicó Espino.

Por su parte, la ex secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, expresó que “obligar o manipular a las niñas y adolescente para tener una relación sentimental o casarse, las expone al aislamiento social, la violencia doméstica, el abandono escolar, pocas oportunidades de empleo y embarazo adolescente”.

Durante la exposición de motivos, señaló que debido a niñas y adolescentes tienen habilidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales distintas a las de las personas adultas, pueden ser susceptibles de manipulación e influencias de sus emociones para efectuar conductas contrarias a su voluntad.

Por su lado, Rafael Espino, señaló que —de acuerdo con datos Fondo de las Naciones Unidas para Infancias de América Latina— una de cada cuatro mujeres de entre 20 y 24 años contrajo matrimonio por primera vez y mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años.

“Nuestra legislación no contempla los casos en que la persona menor de edad se le obliga o manipula para adoptar un modo de vida igual al de un matrimonio”, destacó.

La senadora Geovanna Bañuelos del Partido del Trabajo, acotó que, de acuerdo con el INEGI, más de 230 mil niñas entre 12 y 17 años a nivel nacional se encontraban casadas o unida en 2020; es decir, cerca del 4% de esta población, mientras que en entidades como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Tabasco el matrimonio de mujeres menores de edad es más frecuente. Además, la legisladora recalcó que hay un subregistro de casos, pues muchas veces las uniones no se formalizan ante el Estado.

En ese sentido, Josefina Vázquez Mota — del Partido Acción Nacional— se posicionó a favor de la minuta. “Es tiempo de romper el silencia y acabar con la impunidad. En todo este tipo de crímenes, el poder del adulto se impone sobre cualquier voluntad o incluso conciencia de una niño o de un niño”, señaló.

El dictamen fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el diario Oficial de la Federación (DOF).