
Un conato de tensión establecido entre un congresista republicano y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue motivo suficiente para que el Partido Acción Nacional (PAN) saliera a defender a un político extranjero que planteó la posibilidad de que una agencia de seguridad de Estados Unidos (EEUU) opere en territorio mexicano.
Fue Marko Cortés quien, a través de un comunicado oficial, sostuvo este domingo 12 de marzo que el jefe del ejecutivo federal debe de reconsiderar la propuesta de que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) pueda operar libremente en México, esto bajo la intención de coadyuvar con la lucha contra el crimen organizado.

Y es que AMLO señaló que permitir a fuerzas estadounidenses operar en territorio mexicano es una violación a la soberanía nacional, pues las fuerzas del orden público de Estados Unidos deben operar en su nación para garantizar la protección de su ciudadanía; no obstante, el contador Cortés Mendoza aseguró que se trata de un falso discurso.
Para asegurar que lo pronunciado por AMLO era falaz, el presidente del PAN reprochó que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) reciba a migrantes no mexicanos expulsados de EEUU. En ese sentido, sostuvo que “recibir a todos los migrantes no mexicanos deportados de los Estados Unidos” es poner a México como “le patio trasero” de EEUU.
Esto quiere decir que, desde el PAN se emana un discurso contra las personas ejerciendo su derecho al libre tránsito que arriban a territorio nacional desde EEUU, pues eso es un signo de debilidad; sin embargo, ven con buenos ojos que oficiales extranjeros armados vengan a México para hacer que se respeten los ordenamientos jurídicos del país, y esto lo justifican bajo el argumento de que la estrategia de seguridad de AMLO no funciona.

De acuerdo con el comunicado del PAN, “la administración de López Obrador es la más sangrienta y permisiva en la historia moderna”, pues la política de “abrazos, no balazos” representa una “renuncia” a la defensa de la vida y el patrimonio.
Por su cuenta, el gobierno federal, al presentar la información oficial, demostró que, por ejemplo, los homicidios dolosos ya van a la baja y que recibir a los migrantes es un acto de solidaridad con quien pretende ejercer su derecho al libre tránsito.
En colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó un descenso de hasta el 10.8% en el delito de homicidios dolosos, esto tras estar en una meseta desde el sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI).

El ex presidente priista dejó en el último año de su sexenio (2018) 36 mil 685 casos de homicidio culposo. Mientras que en 2019 y 2020 se mantuvo muy parecido con 36 mil 661 casos y 36 mil 773, respectivamente; no obstante, en 2021 y 2022 ya se manifestó una curva descendente, pues se presentaron 35 mil 700 y 30 mil 968 casos, respectivamente.
Por el otro lado, desde enero los líderes de América del Norte (Canadá, EEUU y México) acordaron establecer una agenda conjunta para poder combatir el tráfico de sustancias nocivas para las poblaciones de Canadá y Estados Unidos, particularmente con el fentanilo, droga que ha dejado decenas de muertes en los dos países donde más se consume.
Finalmente, cabe destacar que la última vez que el gobierno mexicano colaboró con el estadounidense fue en el fallido operativo Rápido y Furioso, el cual consistió en que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) introdujera más de 2 mil armas de fuego a México, esto para rastrearlas y, de este modo, dar con los principales generadores de violencia.
Dicha operación fue uno de los más grandes fracasos del gobierno de Felipe Calderón, del PAN, pues fue el sexenio que le “declaró la guerra al narco” y donde los homicidios dolosos se dispararon en un 192.8% en relación al sexenio anterior. Además de que el las armas se “extraviaron” y no aportaron elementos para aprehender a criminales.
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