La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció este martes en contra de los “continuos ataques” hacia los periodistas por parte de Layda Sansores, gobernadora morenista del estado de Campeche.

A través de un comunicado, la organización con sede en Florida, Estados Unidos, señaló que desde 2022 la mandataria tiene una “conducta intimidatoria” contra medios estatales y nacionales que difunden información que considera negativa para su gestión y sus allegados, en especial cuando reportan actos de abuso de poder y corrupción.

Y es que su programa de televisión por YouTube, Martes del Jaguar, que se transmite cada martes por la noche, los “insulta y calumnia”. Incluso, los comunicadores Luis Mendoza Leciano, Ángel Escamilla y Carlos Martínez Caamal, que trabajan en Campeche, denunciaron en 2022 que fueron víctimas de amenazas, ataques y discursos de odio.

Al respecto, Michael Greenspon, presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, instó a Sansores San Román a respetar la libertad de prensa y el trabajo periodístico, así como a detener “la peligrosa conducta intimidatoria”, “porque suele derivar en consecuencias de violencia física”.

“Para prevenir los efectos negativos de este tipo de campañas, pedimos a las autoridades nacionales que activen el sistema gubernamental de protección y seguridad para periodistas”, señaló por su parte Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del diario argentino La Voz del Interior.

Greenspon y Jornet indicaron que la SIP se comunicará con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a fin de solicitar medidas cautelares para los periodistas “denostados por la gobernadora”.

Cabe mencionar que este 20 de febrero la gobernadora morenista anunció a través de Twitter que este martes no habrá transmisión del Martes de Jaguar por motivos del Carnaval de Campeche.

En febrero del 2022, la SIP envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, instándolo a suspender “todo discurso estigmatizante contra medios y reporteros”.

En ese momento, ostuvo que esa práctica, que atenta contra la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “representa hoy un aliciente para que los violentos descarguen su furia asesina sobre periodistas indefensos”.

PRI impulsa reforma de revocación de mandato

En otros temas, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Campeche presentó hace unos días una iniciativa para incluir la figura de Revocación de Mandato en la Constitución estatal y abrir la posibilidad de que los campechanos puedan acceder a ese recurso.

La iniciativa se presentó unos días después del videoescándalo donde funcionarios cercanos a la gobernadora Layda Sansores como Raúl Aarón Pozos Lanz, secretario de Educación Pública de Campeche; Armando Constantino Toledo Jamit, jefe de la Oficina de la gobernadora; y Rocío Abreu Artiñano, senadora de la República, son captados recibiendo fajos de billetes por parte del gobierno anterior.

En los argumentos de la iniciativa, expuso que la Revocación de Mandato está incorporada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde finales de 2019, y subrayó que en la misma Carta Magna se instruye a los estados a incluir esa figura en las constituciones locales, en un plazo que venció el 20 de junio del 2021.

Por ello, agregó, es importante cumplir con el mandato constitucional, a fin de que los campechanos tengan la posibilidad de hacer uso de ese importante recurso jurídico.

La iniciativa fue suscrita por los diputados priistas Adriana Ortiz Lanz, Laura Baqueiro Ramos, Ramón Santini Cobos, Ricardo Medina Farfán, Karla Toledo Zamora, Diana Campos, Noel Juárez Castellanos y Rigoberto Figueroa Ortiz.

De aprobarse la propuesta, los ciudadanos campechanos podrán destituir por medio de votación al depositario del Poder Ejecutivo local antes de que expire el periodo para el cual fue electo, cuando por causas evidentes haya realizado una mala gestión.